Opinion

Con el paso del tiempo la historia jurídica hablará de la crisis constitucional que hoy está viviendo México y que derivó del uso extraordinario de las Fuerzas Armadas para que desempeñaran tareas que les son ajenas. Sin haber dictado estado de excepción, conforme al artículo 29 de la Carta Magna, soldados y marinos están dedicados a labores que no les corresponden.

Cuando los soldados colocan retenes en las carreteras, como ocurre en Chihuahua, catean las casas de supuestos delincuentes, sin autorización previa de un juez, como sucede en Sinaloa, interrogan presuntos criminales, como pasa en Ciudad Juárez, comenten actos imprevistos por nuestra Constitución.

El principal error jurídico de quien instruyó al Ejército y la Marina para que desempeñaran tales funciones fue no declarar estado de excepción en las regiones donde tales actividades ocurren. Sin embargo, los presidentes en México han tradicionalmente eludido el uso del artículo 29.

Una hipótesis probable para explicar esta omisión podría ser que el Ejecutivo mexicano, de tiempo atrás, suele eludir los costos políticos, nacionales e internacionales, que pagaría por llamar excepción a lo que es francamente excepcional.

Derivado de esta crisis constitucional es que, sobre todo el Ejército mexicano, lleva cuatro años exigiéndole a la clase política una reforma a las normas mexicanas que justifique legalmente las instrucciones dirigidas, por su jefe supremo, al conjunto de las Fuerzas Armadas.

Así es como llegamos a las reformas a la Ley de Seguridad Nacional aprobadas por el Senado de la República a finales del mes pasado. En ese acto legislativo se propone incluir, además del estado de excepción, otra figura atenuante que eufemísticamente ha sido denominada como “amenaza contra la seguridad interior”. Con ella se trata de regular la zona gris que existe entre la normalidad democrática y la excepcionalidad prevista en el capítulo de las garantías individuales.

De prosperar esta iniciativa, el presidente de la República —a solicitud de las legislaturas locales y/o de los gobernadores, y con aprobación del Consejo de Seguridad (órgano mayoritariamente integrado por los miembros de su gabinete)— podrá instruir a las Fuerzas Armadas para que suplan en sus funciones a otras autoridades; concretamente a las policías locales y federal.

Si se hubiese aprobado tal cual la minuta votada en el Senado dentro de la Cámara baja, se habría resuelto la crisis constitucional antes descrita. Ora que, por la fecha en que llegó esta iniciativa a la casa de los diputados (dos días antes de que cerrara el periodo de sesiones) y por la extrañísima aparición de otras propuestas, cada una más aberrante que la otra, esa solución quedó aplazada.

La minuta del Senado merece ser atendida en sus propios méritos. De hecho, como lo ha declarado ya antes el diputado Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, ese texto habría de ser la base a partir de la cual se construya la discusión parlamentaria por venir.

Cierto es que mientras más se extienda esta deliberación, mayor será el periodo que dure la irregularidad constitucional que hoy padece nuestro país. Habría de reclamársele a los congresistas mexicanos por haber tardado tanto en atender su más importante juramento: defender la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Cabe también preguntarnos, desde la trinchera de la sociedad, por qué algunos pecamos de indolencia frente a tan inadecuada circunstancia. Probablemente seamos una democracia muy joven pero la edad ya es suficiente para reconocer una crisis constitucional cuando la hay, lo mismo que para demandar que se ponga un alto.

El rechazo que recibieron las distintas iniciativas de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, aparecidas anónimamente en la Cámara de Diputados, y que tenían como pretensión desplazar la minuta del Senado, establece una pauta diferente de acción. Tal impugnación obliga a la toma de conciencia, por parte del conjunto, sobre lo que se ha venido haciendo con la Carta Magna a propósito de la guerra contra el narcotráfico.

Queda sólo esperar que esa tardía reacción popular no vaya a arrojar las soluciones imprescindibles demasiado lejos en el tiempo. Un rápido y amplio consenso son urgentes. Tarea política complicada pero ambos atributos —consenso y velocidad— son indispensables para recuperar la salud de nuestra democracia constitucional.

Analista político