Opinion

El escritor Javier Sicilia lo ha repetido varias veces. Los políticos no saben escuchar. Deben escuchar al pueblo y no lo hacen. La acusación en términos morales es grave, pero en términos políticos es gravísima, por la sencilla razón de que cualquier sistema (biológico, político) que no se retroalimenta con su ambiente, perece. Eso es lo que dice la teoría de los sistemas y la historia está plagada de ejemplos de gobiernos que caen porque no entendieron lo que pasaba a su alrededor: desde el gobierno de Porfirio Díaz hasta el de Luis XVI en Francia, pasando, guardadas las proporciones, por el PRI que en el año 2000 no se enteró de su derrota electoral hasta que ésta se consumó. De hecho, el perder contacto con el ambiente que los rodea es algo muy común a todos los gobiernos. El poder aísla. El poder hace perder sensibilidad. El poder incomunica. Ello se explica en buena medida porque el poder también reduce el tiempo de los gobernantes y, por lo mismo, la atención que éstos prestan a lo que piensa la sociedad. Quienes gobiernan tienen agendas muy cargadas para intentar resolver los miles de problemas que forman parte de su responsabilidad y queda poco tiempo para procesar la información que reciben.

Desde este punto de vista, es probable que, en efecto, existan en el gobierno actual problemas para percibir lo que la gente piensa. Le ocurre a todos los gobiernos, los cuales reciben información muy filtrada. De hecho, lo que leen los gobernantes son los resúmenes de sus asesores, quienes se convierten en sus ojos y sus oídos. Por lo tanto, no siempre es fácil medir lo que la gente piensa, aunque siempre existen otros mecanismos a los cuales sí tienen acceso los gobiernos, como las encuestas. No obstante, lo que resulta más difícil de sopesar son las consecuencias de este pensamiento en términos políticos, porque no todas las opiniones se traducen en votos ni en acciones concretas y muchas pueden ser cambiadas. A eso apuestan a veces los gobiernos: a cambiar las opiniones con acciones o propaganda. Y muy probablemente a eso le esté apostando el presidente Calderón con su guerra contra el narco. A estas alturas es difícil afirmar que el gobierno no sepa que existe una buena parte de la opinión pública que no cree que la guerra contra el narco se esté ganando. Lo que ocurre es que Calderón está convencido de que no hay mucho margen de maniobra y que está haciendo lo correcto. Tiene a su favor un argumento muy contundente que no se puede dejar de lado: combatir a la delincuencia es su deber constitucional, no es algo opcional. Sin embargo, no toda la población lo percibe así. Muchos creen que se pueden hacer “arreglos” con los delincuentes y que ello no tiene consecuencias graves, aunque la mayoría comienza a sospechar que la ineficiencia del gobierno no es algo inevitable y que se puede hacer más para que haya mejores resultados en la lucha contra el crimen organizado. Y esa percepción sí puede tener consecuencias políticas. ¿Cuáles? Evidentemente el PAN puede perder la Presidencia y el gobierno lo sabe. Basta ver cualquier encuesta sobre preferencias electorales para el 2012.

Pero la pregunta de fondo es si realmente el gobierno está sordo o simplemente no tiene margen de maniobra. Ante la inminente derrota en las urnas, ¿es razonable no cambiar la estrategia de combate a las drogas? Más de alguno dirá que la insistencia de Calderón en la guerra contra el crimen organizado es precisamente muestra de su sordera. Puede ser. Sin embargo, lo que probablemente estemos presenciando es la acumulación de décadas de sordera de los gobiernos previos que ha provocado los altísimos niveles de impunidad que son la causa final del lamentable estado de cosas que tenemos. El mantener la política anterior de indiferencia frente al crimen difícilmente hubiera hecho que estuviéramos mejor. Probablemente hubiera ocasionado un escenario similar de violencia con otras críticas de la opinión pública en el sentido de ser cómplice de los criminales. El problema de fondo no es pues que el gobierno esté sordo. El gobierno más bien está manco para combatir al crimen. Y frente a esa incapacidad todas las voces que reclaman poner fin a la violencia resultan, lamentablemente, insuficientes.

jorge.chabat@cide.edu

Analista político e investigador del CIDE