Opinion

Eran las siete de la tarde-noche de ese Viernes Santo en las redacciones de los diarios “de circulación nacional”. Coincidían con el reloj del jefe del “operativo”. Los reporteros de la fuente, situados juiciosamente tras el primer batallón, tensaron sus cuerpos cuando el general lanzó una gran voz: ¡Adelante! Los estoperoles del calzado de la tropa cobraron sonoridad: ¡tras!, ¡tras!, centenares de veces.

Delante estaba el edificio del sindicato, detrás el verde de la Alameda Central. El general encaró a los guardianes del acceso principal: “¡Abran la reja o la derrumbamos a cañonazos!”.

Los guardianes, seis ferrocarrileros en ropa de trabajo, cambiaron miradas. Conocían el acuerdo del Comité Ejecutivo: “No enfrentar a la tropa si viola la entrada. Nuestra resistencia es el paro general”. Un grito sonó desde el primer piso: “¡Se acabó la Constitución!”. El general, fuerte para que lo oyeran los periodistas, contestó: “¡Ustedes violan la Constitución; nosotros la defendemos con las armas en la mano!”.

Han pasado 50 semanas santas —Viernes Santo y Sábado de Gloria—, desde aquellos días en que el autoritarismo tuvo una de sus manifestaciones más descaradas: el asalto al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros. No fue una represión común, su propósito real era el de cercenar los derechos de toda una clase; un ataque a fondo contra la estructura jurídica del país. Desde entonces no ha tenido cabida en México una acción independiente de la clase obrera en ejercicio pleno de sus derechos.

El derecho de huelga quedó sujeto a la ilegal requisa, que obliga a los huelguistas a volver al trabajo antes de 24 horas; el derecho de asociación anulado por el corporativismo que instaura un “charrismo” global, la reducción del salario mínimo de su condición de referencia para los aumentos de salarios a la calidad de techo para esas alzas; en lugar de seguridad social un sistema pensionario que desembocó ya en el fraude de las afores, la contratación colectiva y un caudal de etcéteras contra la propia sociedad mexicana: la “Estación Infamia”.

La magnitud del acto represivo —vale la pena recordarlo para así comprender el rango de sus efectos— comenzó con la aprehensión de Demetrio Vallejo, secretario general del STFRM al mediodía de ese viernes 28 de marzo; más tarde la ocupación del local del Comité Nacional.

En la noche y al día siguiente, la ocupación militar se extendió a todos los centros ferroviarios, secciones sindicales, organizaciones obreras, locales de partidos políticos de izquierda (Partido Comunista y Partido Obrero-Campesino). De hecho, en todo el país se produjo una inconfesada suspensión de las garantías constitucionales con el Ejército como dueño de la situación.

El gobierno argumentó que ello era consecuencia de la huelga general declarada por los trabajadores ferrocarrileros. Puedo afirmar que esta aseveración es falsa.

En realidad la suspensión de labores fue en respuesta a la represión generalizada a partir de las primera horas del viernes 28, cuando una parte del Comité Ejecutivo se encontraba reunida con el secretario del Trabajo y el gerente de los Ferrocarriles Nacionales. Serían las 10 horas cuando comenzaron a recibirse en el Comité Ejecutivo telegramas comunicando la ofensiva de cuerpos del Ejército en las secciones del norte del país, expulsando a los trabajadores de vía de sus campamentos y viviendas.

Ante esa provocación, quienes nos hallábamos en las oficinas estuvimos de acuerdo con Demetrio cuando éste dijo: “Vamos a exigir que se detenga esta agresión. Si no la paran no tenemos más camino que el paro total”.

Yo, como más de un centenar de trabajadores ferrocarrileros y empleados del sindicato, fuimos recluidos en el Campo Militar No. 1, batallón de ingenieros desde el viernes. Durante 16 días en que permanecimos presos, ni un solo día dejaron de arribar nuevos detenidos.

Mientras los dirigentes principales fueron trasladados a la prisión de Lecumberri, donde purgaron largas condenas, yo fui dado en libertad “por falta de méritos”. Mas esa “falta de méritos” no me impidió ser testigo denunciante de un atentado con el cual los representantes del capitalismo en ascenso quisieron dejar establecido que la clase obrera jamás debe intentar ejercer los derechos conquistados.

Analista político