Opinion

La discusión sobre el combate al crimen organizado sigue haciendo proliferar argumentos en torno a un punto que no tiene solución: el término de los actos violentos ya sea como parte de una negociación, o a partir del pensamiento mágico que supone que si el gobierno deja de atacarlos, ellos suspenderán sus acciones y se dedicarán tranquilamente a lo suyo, que es traficar con droga sin que nadie los moleste. El argumento del gobierno se basa en una decisión estratégica producto del mapa de seguridad nacional entregado por Fox a Calderón, y en donde buena parte del país y de distintos niveles de gobierno eran parte del aparato de poder del crimen organizado.

Aquel planteamiento que insiste en que la guerra contra los cárteles desatada por Calderón en 2006 tenía como objetivo legitimarlo luego de los comicios cuestionados por la izquierda, carece de sostén. Independientemente del diagnóstico sobre la capacidad de acción de los delincuentes, una decisión destinada a legitimar la figura de un mandatario no corre los riesgos de hacerlo a través de acciones militares a gran escala como las emprendidas por Calderón, al menos no en regímenes democráticos, sino que busca usar mecanismos populistas de atracción de masas, o de cooptación política de los opositores con prebendas y concesiones capaces de llegarle al precio a los opositores.

Atinada o no, la apuesta de Calderón estuvo dirigida a no someterse a los dictados de criminales que habían alcanzado niveles de influencia política y económica desproporcionados y que ponían en riesgo la continuidad de la democracia. El problema de inseguridad y crecimiento del crimen organizado tiene como eje la desvinculación entre el Ejecutivo federal y los gobernadores, quienes al no tener responsabilidades claras, ni contrapesos internos, depositan el problema de la inseguridad en autoridades federales en el momento en que sus policías son rebasadas o cooptadas por los delincuentes.

La gran mayoría de los más de 30 mil muertos en esta guerra son parte del Ejército de delincuentes con capacidad de absorber desde militares desertores hasta policías corruptos y jóvenes y niños deslumbrados por el dinero ilícito. La captura de capos y la acción militar ha reducido los espacios disponibles para los diferentes cárteles, quienes se disputan sangrientamente las plazas disponibles, afectando a miles y miles de civiles que sufren la crueldad de estos criminales fuertemente golpeados por el Ejército.

El problema es que la debilidad de los delincuentes no se expresa en menos acciones criminales, sino en el recrudecimiento de la violencia por parte de los afectados. Así, la debilidad de la estrategia de Calderón se basa principalmente en la incapacidad de involucrar a toda la sociedad en el combate a los criminales, pero también en no poder hacer corresponsables de las acciones militares a los gobernadores, quienes se presentan como “víctimas” tanto de criminales, como de los actos del gobierno federal.

La ausencia de un nuevo pacto federal alternativo al del viejo régimen convierte el problema de seguridad en una lucha de espacios políticos entre los distintos niveles de poder. Las consignas “No más sangre” o “Basta”, más allá de la desesperación ciudadana o el intento de descalificar la estrategia de gobierno, son muestras de que aún no hay consenso suficiente para hacer del combate al crimen un proyecto ciudadano y político común. Sin este acuerdo, la guerra contra la delincuencia seguirá siendo proyecto del Presidente, ante el cual los gobernadores serán, en el mejor de los casos, espectadores o incluso colaboradores del bando equivocado.

Analista político