Opinion

“¿De dónde vienen, de qué gangrena, oh linfa, los sanguinarios, los desalmados, los carniceros, los asesinos?”.María Rivera, Los Muertos

La noticia era escalofriante, la transmitieron algunos noticieros de radio el 2 de febrero: la madrugada del día anterior, ocho niños y 17 niñas deambulaban descalzos por varias avenidas de Nuevo Laredo, Tamaulipas; uno de los niños llevaba en brazos a una recién nacida, al parecer su hermanita. Después se supo que eran, al menos, tres los grupos de pequeños que caminaban sin rumbo; por sus apellidos se supuso que pertenecían al menos a ocho familias; fueron llevados a una estancia del DIF municipal.

Al parecer, un comando armado secuestró a distintas familias (se los llevaron “hombres con pistolas”, relató uno de los menores) y al final los captores decidieron abandonar a los niños. Ignoro si continúan en el DIF o fueron reclamados por sus familiares, pero lo que es seguro es que la vida les jugó una mala pasada y que crecerán con lastimaduras profundas.

Son los hijos, los huérfanos, de la violencia criminal que hoy suman miles. No son los únicos, otros han crecido y están creciendo en el abandono, en la orfandad.

Vivimos en México condiciones semejantes a las que en El Salvador dieron lugar a ese fenómeno brutal hoy conocido como Mara Salvatrucha. Algunos estudiosos han identificado las condiciones que ayudan a explicar el fenómeno: los muchachos son de barrios muy pobres con escasas oportunidades para crecer y de familias desintegradas, son ambiciosos, sin valores sociales y reclaman identidad y pertenencia, lo que les ofrecen las pandillas; marcan sus cuerpos con tatuajes que los identifican en una pandilla, están dejados de la mano de Dios.

Una de las más brutales secuelas de la guerra civil de aquel país en los años 70 y 80 fue el nacimiento de esa banda de niños, adolescentes y jóvenes que emigraron hacia los barrios latinos de Los Ángeles, en Estados Unidos, y crearon una marabunta terriblemente violenta que exige a sus miembros una ceremonia de iniciación perversa: son sometidos a una golpiza por los miembros de la propia banda. Se trata de una pandilla del nuevo tiempo que ejerce una violencia sin límites: transfronteriza; que impone su terror en distintos puntos del itinerario mexicano a quienes, como ellos mismos en otro momento, buscan un punto de salvación en EU.

La operación “mano dura” en El Salvador (su congreso expidió una ley antimaras con medidas muy severas) los empujó a México; “allá barrieron y nos aventaron la basura”, dijo un estudioso del tema. La Mara ya tiene presencia en varias entidades de la República, especialmente en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas, donde sus células asaltan, violan y asesinan migrantes.

El nivel de violencia se inscribe en un contexto de precariedad institucional, como el que exuda el estado de Tamaulipas, gobernado por Egidio Torre Cantú, cuyo mérito principal es ser hermano del candidato asesinado. Una entidad en la que se expanden los territorios sustraídos a la autoridad por el poder del crimen organizado. Para la población la situación es angustiante, pero el gobernador ya tomó cartas en el asunto, respondió ¡con espacios pagados en los medios!

En los nuevos hallazgos de narcofosas en San Fernando —el mismo foco rojo que desde hace meses ha concentrado la atención nacional e internacional—, el recuento de cadáveres (116) rebasa la cifra macabra de los asesinados en agosto pasado (72). Comandos armados de delincuentes imponen su ley en Tamaulipas ante la omisión criminal de las autoridades.

Se sabe que los sicarios son muchachos cada vez más jóvenes, incluso adolescentes, que reclutan los cárteles por al menos tres razones: 1) les salen baratos: por unos cuantos miles de pesos pueden ser empleados como “monitores” o, incluso, como asesinos; 2) en caso de ser detenidos, recibirán un trato benévolo, como corresponde a menores de edad, y 3) saldrán pronto de los centros de detención, pero si mueren son desechables, es decir, fácilmente reemplazables.

Una violencia estructural, la de un modelo de crecimiento fracasado, a la que hoy se agrega la que desata el crimen organizado (los hijos de hombres y mujeres caídos en la guerra entre los cárteles), arroja miles de niños y adolescentes a las calles.

Es imperativo que las autoridades federales, estatales y municipales desarrollen y pongan en marcha programas sociales que atiendan este grave problema que está propagándose. Es indispensable que, ante la sordera y negligencia de los políticos profesionales, las organizaciones sociales, civiles, culturales y religiosas desplieguen acciones para contener y revertir el clima de indiferencia y resignación ante la barbarie.

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario