Opinion

Reclamé en mi última colaboración “un espacio para el pensamiento” como muestra de la disposición de quienes todavía consideran viable plantear diferencias en una plática serena. Mas, he de admitirlo, han pasado 15 días y no he percibido en las “entidades de interés público”, que “tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática”, (los partidos, o, para mejor decir, en sus cúpulas dirigentes), manifestaciones serias, consistentes, que conduzcan a esos altos fines.

En cambio, sí escuché a Javier Sicilia reclamar al Poder Ejecutivo, cuyo ejercicio se deposita en un solo individuo “que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, y cuyo nombre actual es Felipe Calderón, quien desató “la guerra más irracional y estúpida”; vituperar al Poder Legislativo en el que esas “entidades de interés público” disputan el poder; reclamar a las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, para que dejen de impartir impunidad; y, en fin, demandar al Ejército que ejerza su función de defender a la nación ante amenazas externas o auxiliar a la población en desastres naturales, pero que nunca más considere al pueblo como conjunto de individuos sujetos a los “daños colaterales” resultantes de la guerra ajena.

Tal emplazamiento tuvo como fondo un coro inmenso que se levantó en 37 ciudades: ¡Estamos hasta la madre! ¡Ni un muerto más! ¡No más Sangre!

Esa fecha —miércoles 6 de abril— quedó para siempre señalada en la voz de Javier Sicilia como el comienzo de “algo”, que habrá de repetirse y radicalizarse. Es hasta el 13 de abril el plazo para presentar a los culpables del asesinato de las siete personas, fecha en que recordaremos a esas autoridades que “todo poder público dimana del pueblo y se constituye para beneficio de éste”, y que si ese beneficio fuera abandonado o traicionado, “el pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” (artículo 39, Constitución Política de los EUM).

Para este redactor adquiere verdadera importancia el que ninguno de los órganos emplazados por Javier Sicilia haya hecho más pronunciamiento que el burocrático “se está investigando”. Voces aisladas, pero “el individuo” en que se deposita el Poder Ejecutivo ni las cámaras del Congreso de la Unión, o la Suprema Corte o la Procuraduría General de la República han tomado en sus manos un compromiso fundamental. Como tampoco lo hacen acerca de las cuestiones decisivas del país.

Por otra parte, el calendario de los asuntos preelectorales se ha llenado en estos días con el debate sobre la consulta acerca de una posible alianza entre los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional para la elección de gobernador del Estado de México.

La resolución final —aun cuando todavía debía realizarse la reunión en que el Consejo Nacional del PRD adoptaría una decisión definitiva— fue tomada en el Consejo Estatal del partido en Edomex, donde los votos de los partidarios de la alianza no alcanzaron las dos terceras partes de quienes concurrían a la sesión, prescripción estatutaria que garantiza los derechos de minoría en las decisiones importantes de la política partidaria. Al respecto, el recientemente electo presidente del partido, Jesús Zambrano, estableció, antes de conocer el resultado de la votación: “Aun cuando fuera mayoritaria la decisión (de ir en alianza con el PAN), si no alcanzara las dos terceras partes, ya no hay materia para la dirección nacional”.

La trascendencia de esta decisión se encuentra, precisamente, entre las cuestiones decisivas que hoy debe adoptar el PRD, en consonancia con los principios que son la base de las fórmulas que impulsan las transformaciones económicas y políticas tendentes a superar el atraso y abran paso al desarrollo social, de manera destacada a la construcción de un régimen político garante de las libertades democráticas.

Como es conocido, este redactor ha adoptado una posición definida en torno a estas cuestiones. Decía en mi artículo del 17 de febrero en estas mismas páginas “La hora (¿última?) del PRD”: “La lucha por el cambio del régimen es un principio perredista. Lo que hagamos para enfrentar la crisis serán sólo paliativos mientras no existan medidas orientadas al cambio de régimen...”. A la pregunta “¿una alianza con el PAN contribuye a la satisfacción de esos principios?”, dimos una respuesta negativa. Desde nuestro punto de vista, “el PAN con el PRI han constituido una mancuerna para garantizar las formas de propiedad monopolista. PRI y PAN son gemelos, punta o agujero, alternativamente, que garantiza los intereses del gran capital”.

Mucho habrá de escribirse sobre la política de alianzas del PRD. A nuestro juicio, hoy se ha adoptado una decisión correcta, dentro de los marcos —que nunca deben ser ignorados— de los principios sobre los cuales surgió el PRD. La política que se ha aplicado en torno al PAN —e igual sería si se adoptara en torno al PRI— corresponde a otro tipo de concepciones y a un partido de otro carácter.

Pero, en fin, esta discusión aún no termina; tal vez volvamos a ella en este mismo proceso electoral. Y si demandamos una estación para reflexionar, ésta no es la que corresponde al rumbo anotado. Es, como parece evidente, una estación completamente ajena.

Analista político