Opinion

Durante la reunión del martes con el subsecretario de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados quedó de manifiesto que se ha extraviado el concepto de política exterior para concentrarse en una función de cabildeo con las autoridades de Washington. Se trata de una subordinación pactada que es menester gestionar en la capital donde se toman las decisiones fundamentales de nuestro país.

El primer eje de la discusión fue el empleo de los instrumentos jurídicos de los que México podría disponer para modificar una relación tan asimétrica y abusiva. No se percibe ningún tono de exigencia ni recurso que se haya intentado conforme al derecho internacional. Pareciera que éste ha dejado de regir en los vínculos entre dos Estados que han decidido resolver sus problemas sólo platicando.

Hubo un tiempo en que la invocación de tratados y convenciones, así como la apelación a los organismos multilaterales era un arma de nuestra diplomacia. Sobre todo el recordatorio permanente de los principios contenidos en nuestra Constitución, que son normas de la convivencia internacional. Principalmente los de no intervención, autodeterminación de los pueblos e igualdad jurídica de los Estados.

A lo largo de los años probamos que la “política de principios” era la más pragmática de todas, ya que emparejaba el terreno de las negociaciones entre dos países de muy distinto poderío, vecinos por añadidura. En cambio, el “pragmatismo” fundado en una supuesta amistad y en una dudosa compatibilidad de intereses condujo a concesiones progresivas que han diluido los contornos de la soberanía nacional.

La mutación esencial se inició con la aceptación por parte del gobierno de Miguel de la Madrid de las condiciones impuestas por el gobierno estadounidense para la renegociación de la deuda externa. Estas comprendieron tanto la conducción de la economía mexicana supeditada a las “cartas de intención”, como la apertura unilateral de nuestras fronteras a los flujos comerciales y la adopción de una estrategia de “seguridad regional” diseñada desde el extranjero.

La suscripción del TLCAN fue el crimen mayor contra nuestro proyecto de desarrollo independiente. Con el argumento de regularizar los fenómenos que estaban ya ocurriendo, se formalizó y profundizó un pacto de subordinación, al margen del derecho de los tratados. Bajo la apariencia de un acuerdo comercial se convino un proceso de integración cuyas variables determinantes no fueron convenidas, como ocurrió por ejemplo en la Unión Europea o en Mercosur.

Todos los sucesos que ahora escandalizan eran previsibles: el incremento exponencial de la migración, los topes al crecimiento económico, la conversión de México en una maquiladora de drogas duras, la consecuente explosión del tráfico de armas y la injerencia creciente de las autoridades norteamericanas. Como algunos lo propusieron entonces, era mejor establecer instituciones supranacionales que atajaran o regularan esos fenómenos.

Los instrumentos adicionales, pactados a espaldas del Congreso, como el ASPAN, la Iniciativa Mérida, los “acuerdos ejecutivos” y las inadmisibles permisibilidades “administrativas” han venido conformando la implantación de un estatuto colonial en que el gobierno mexicano está atrapado. Toda nueva petición o aclaración de lo ya sabido no hace sino confirmarlo.

Es urgente establecer una política exterior de Estado que permita denunciar acuerdos lesivos al interés del país y defina métodos democráticos para la suscripción de compromisos internacionales. Sin embargo, han ocurrido conductas imputables al Ejecutivo que podrían tipificar traición a la patria. Así las órdenes recibidas desde el exterior para el manejo del Ejército y los permisos para la incursión de fuerzas extranjeras en nuestro territorio y espacio aéreo.

Estas violaciones debieran ser investigadas sin demora por el Congreso y proceder en los términos previstos por la Constitución a un juicio político. Tanto en la esfera de la política exterior como en la interna es necesario transitar de las denuncias a las acciones jurídicas. De otro modo, todos seríamos cómplices en la entrega irreparable de los atributos irrenunciables de la soberanía mexicana. Una artera rendición colectiva.

Diputado federal del Partido del Trabajo