Opinion

La posibilidad de expresarnos libremente y manifestar nuestras ideas constituye una condición necesaria para avanzar como sociedad. Desde épocas remotas el derecho a la libertad de expresión ha sido una exigencia y la condición fundamental para encontrar soluciones a problemáticas diversas.

Se encuentra estrechamente vinculada al derecho a la información. Esta articulación busca garantizar el ejercicio de todo un sistema de derechos y libertades consagrados en la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo, del que nuestro país no es la excepción, como la libre manifestación de las ideas, la libertad de imprenta, la libertad de difusión de la información, la libertad de manifestaciones artísticas, la libertad de cátedra y de investigación científica.

La importancia de la libertad de expresión está fuera de discusión. En la sociedad contemporánea, es un derecho humano fundamental para la existencia y desarrollo de una democracia.

Existe una doble dimensión de la libertad de expresión: la individual, que es el derecho de manifestar el pensamiento libremente, por cualquier medio y con la posibilidad de hacer llegar sus ideas al mayor número de destinatarios, y la social, un derecho colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

Sirve de frontera al ejercicio del poder, adquiere sentido en contexto social, pues supone interacción, enfatiza la importancia de las relaciones entre individuo y Estado y delimita la competencia de éste.

Representa el eje de la preservación de las libertades públicas, es decir, de los demás derechos.

Por ello, los Estados tienen la obligación de respetar la manifestación de inconformidades y desacuerdos generados por el ejercicio de las libertades. Ninguna autoridad puede aplicar procedimientos inquisitorios por discrepar de ideas expresadas.

Además, el Estado debe prevenir hechos y actos que violen la libertad de expresión a través del impulso de las reformas legales, la adopción de políticas públicas y la implementación de medidas gubernamentales encaminadas a establecer una eficaz procuración de justicia que genere confianza social como resultado del combate a la impunidad.

En el México de la segunda década del siglo XXI queda claro que la responsabilidad de solucionar las diversas problemáticas por las que atraviesa la sociedad no será posible sólo con el desempeño de las instituciones del Estado. Es preciso obtener una mayor participación social, para así lograr que las políticas públicas puedan orientarse a las necesidades sociales y no resulte que en ocasiones las demandas sociales son unas y las acciones de gobierno se orientan a destinos opuestos, que en lugar de satisfacer una legítima demanda de la población suelen generar irritación.

La sociedad a través de sus diversas formas de expresión está en condiciones de plantear las demandas correspondientes para que mediante el análisis de los diversos puntos de vista y el reconocimiento de la realidad pueda encontrarse la solución más certera.

Una peculiaridad de las modernas democracias es que tienen una cultura heterogénea y la posibilidad de disentir, en particular, aunque no necesariamente, de manera exclusiva con los que ejercen el poder. Pero el disenso también presenta límites, que parten de la legitimidad, la homogeneidad y el consenso, siempre en la búsqueda de apartar del ser humano el interés personal egoísta y priorizar el interés social o público.

Imponer limitaciones a cualquiera de estas libertades mediante el temor o la intimidación, atenta en contra del desarrollo de las sociedades democráticas. Es una restricción inadmisible a la esfera de derechos de toda persona, por lo que entre más alto sea el nivel democrático alcanzado por un país, mayor libertad de expresión existirá en su población. Impulsa a que las personas estén bien informadas, tanto por medios institucionales como civiles, y así generar las condiciones para alcanzar los ideales que tenemos previstos en nuestro proyecto de nación.

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos