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José Antonio Crespo

Presunta justicia

Licenciatura en relaciones internacionales por El Colegio de México, Maestría en Sociología política y Doctorado en historia por la Univers ...

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    08 de marzo de 2011

    Excelente trabajo —y un gran servicio a México— es el que realizaron los jóvenes abogados Roberto Hernández y Layda Negrete. Lograron sacar de prisión —que más parece mazmorra— a José Antonio Zúñiga Rodríguez, condenado a 20 años por un crimen que no cometió. Ahora exhiben claramente en el documental Presunto culpable que nuestro sistema ministerial, el de justicia y el penitenciario no son de tercer mundo… sino del quinto. Un sistema donde se presume la culpabilidad, no la inocencia, contrariamente a lo que sucede en países mínimamente civilizados. Pero también hay incentivos perversos para que los involucrados en el proceso detengan y declaren culpables (lo sean o no), pues así crece su bolsillo. De modo que cuando Zúñiga preguntó a la fiscal —en careo— a partir de qué criterios le atribuía culpabilidad, ésta responde con mexicanísimo cinismo: “es mi chamba”. Pudo también haber respondido: “Pues nomaaás”.

    En este caso en particular, las principales anomalías fueron: A) A Zúñiga se le sentenció por homicidio pese a que tenía varios testigos que lo habían visto muy lejos del lugar del crimen. B) En contraste, había un solo testigo —Víctor Daniel Reyes, un pandillero, menor de edad— que lo señalaba como autor del homicidio; valió pues más un testimonio que muchos en sentido contrario. C) El testigo falsario, que con dificultad podía expresarse, mencionó en dos ocasiones a otros sospechosos sin señalar a Antonio Zúñiga (lo hizo en su tercera declaración). Su nombre le fue sugerido por los judiciales, quienes a su vez reportaron haber oído el nombre del acusado por parte del testigo, una flagrante contradicción. D) Zúñiga contó para su defensa con un falso abogado. E) Se le sentenció pese a que la prueba de Harrison (para determinar si disparó un arma de fuego) arrojó negativo. F) El retrato hablado del acusado en nada se le parecía, y probablemente por eso —de manera ilegal— se le extrajo del expediente.

    Debe considerase también que, en general, los jueces dan por válido lo expresado en el expediente, por mal que éste haya podido integrarse, y así el juicio resulta un mero trámite burocrático, más que un acto de derecho. En el juicio de revisión que fue concedido a Zúñiga (tras dos años en prisión), el abogado defensor —Rafael Heredia— probó las anomalías y desmontó las supuestas pruebas de culpabilidad del acusado. En ese juicio —más digno de un lavadero que de una corte— el único testigo contra Zúñiga (que ni siquiera pudo describir la media filiación del acusado) terminó reconociendo que no lo vio matar a la víctima. Los policías judiciales prefieren declararse amnésicos antes que reconocer sus múltiples abusos y arbitrariedades hacia Zúñiga. Uno de ellos se defendió —en careo con Zúñiga— con un argumento circular, de ésos que tanto usamos en México: “Usted es culpable, por eso está aquí”. Es decir, la consecuencia de la arbitrariedad se esgrime como prueba irrefutable de culpabilidad. Tras la revisión, el juez —el mismo que había dictado la sentencia original— sostuvo la culpabilidad de Zúñiga, sin incluir en su informe las nuevas evidencias y testimonios; prevaleció su orgullo personal por encima del más elemental sentido de justicia. Zúñiga pidió apelación ante un tribunal colegiado, que finalmente concedió la absolución. Pero eso ocurrió gracias al material filmográfico del juicio de revisión, que excepcionalmente se permitió grabar. De no ser por ello, la injusticia hubiera persistido, como seguramente ocurre en los casos en que no hay filmación de por medio (es decir, todos los demás).

    Por lo improvisado y corrupto que es nuestro sistema de injusticia, puede uno imaginar fácilmente que gran parte de quienes purgan penas en prisión son inocentes (mientras los respectivos culpables circulan libremente). Así, 92% de las sentencias no se basan en evidencia física, y 95% de las sentencias son condenatorias, lo que se explica por la presunción de culpabilidad que prevalece en México, cuyos sistemas judicial, ministerial y penitenciario parecen más del Virreinato que del siglo XXI. Habría que tirarlos a la basura por completo e iniciar otros desde cero, pues su putrefacción e inoperancia llegan a la médula, y ninguna reforma aislada podrá modificarlos de fondo. Mientras tanto, ¡líbrenos el Cielo de caer en sus garras¡

    [email protected]

    Investigador del CIDE



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