Opinion

La defensa de los derechos humanos por parte de grupos de la sociedad civil europea, o de algunos gobiernos de ese continente, parten de un antecedente histórico que no es posible hacer a un lado. La civilización europea creó, además de los valores propios del individualismo democrático y del régimen de derecho donde todos los seres humanos somos iguales ante la ley, su propia antítesis en el modelo colonialista de expansión y en el racismo como afirmación de la superioridad de unos hombres sobre otros. Es esto lo que Europa no ha podido superar, incluso en el marco de su proceso de unificación democrática en la denominada Unión Europea.

La culpa por los abusos y excesos ocurridos durante cientos de años dentro del viejo continente y fuera de él, han creado esta cultura de defensa incondicional de aquellos considerados como los débiles, oprimidos y desposeídos a los que hay que justificar en sus acciones, independientemente de los medios que utilicen, siempre y cuando esto no se realice dentro de alguna nación europea. Por eso los grupos que ejercen la violencia dentro de ese continente, son considerados como “terroristas” (Ejército Republicano Irlandés, ETA, Baader Meinhof) pero cuando algún grupo realiza este tipo de acciones en otra zona del planeta su denominación cambia a “luchadores por la libertad, resistencia islámica, combatientes y militantes revolucionarios”.

Esta manera de clasificar en forma arbitraria la realidad, llega al extremo cuando el nacionalismo local interviene en la definición de lo que implica la defensa de sus connacionales. Nadie en su sano juicio en México estaría defendiendo a personajes como El Mochaorejas, o a El Chapo Guzmán, si éstos hubiesen sido capturados en otro país en donde se les juzgara por crímenes cometidos en ese territorio. Es éste el trasfondo cultural que está en la apasionada defensa que Nicolas Sarkozy hace de una mujer como Florence Cassez, quien fue juzgada y condenada a 60 años de prisión por el delito de secuestro y otros agravantes por parte de tribunales mexicanos que ratificaron una y otra vez la condena.

Es conocido el bajo nivel con el que la justicia mexicana actúa en muchísimos casos, pero en éste, donde los reflectores de la prensa nacional e internacional estaban presentes, no había posibilidad alguna de alterar los hechos, más allá de un fallido show de las televisoras. Los estrechos vínculos existentes entre la familia Cassez y el presidente Sarkozy podrían explicar en parte la insistencia por parte del mandatario galo, no de la inocencia de su compatriota pero sí de su derecho a ser trasladada a Francia para purgar su pena. También se argumenta que se trata de campaña propagandística de Sarkozy basada en un demagógico nacionalismo que obliga al Estado francés a defender a sus connacionales en cualquier parte del mundo, independientemente de lo que hayan hecho en determinado lugar.

Todos estos argumentos se enmarcan en el trasfondo cultural francés de la superioridad de la cultura europea sobre aquello que un país subdesarrollado como México pueda pretender explicar. Difícilmente Sarkozy podría haber enfrentado una situación similar con alguno de sus socios de la Unión Europea, o con Estados Unidos. Pero ante países africanos, o de América Latina, el problema no es la inocencia o culpabilidad del ciudadano francés, o los incidentes del proceso judicial, sino el hecho de que la única justicia válida es aquella proveniente de un viejo imperio hoy al borde de la quiebra económica y en muchos sentidos también cultural.

La arrogancia de quienes en el pasado conquistaron y avasallaron, pero que también fueron conquistados e incluso colaboraron con el invasor, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo hoy la constante por parte de un gobierno como el de Sarkozy, que no es capaz siquiera de acudir a los canales diplomáticos tradicionales para resolver un conflicto, sino que amenaza y chantajea como el viejo Napoleón momentos antes de su derrota definitiva.

Analista político