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Gabriela Cuevas

El sistema de (in)justicia capitalino

Senadora de la República. Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. ...

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    14 de febrero de 2011

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    La idea que permea en la sociedad sobre las constantes violaciones que se cometen en los procesos judiciales locales no es fruto de una falsa apreciación ni mucho menos de ataques políticos infundados. Aún después de la reforma constitucional al sistema de justicia penal, el principio de presunción de inocencia no se ha logrado llevar a la práctica en la capital del país.

    Hoy en día, los presuntos responsables se consideran culpables hasta que demuestren lo contrario y, en muchas ocasiones, ni eso es suficiente ante el funcionamiento de un sistema ineficiente y corrupto. A veces, es necesario llamar la atención de los medios de comunicación o aceitar monetariamente la maquinaria judicial para evitar ser víctima de la negligencia o ignorancia de los juzgadores o de los fiscales.

    Esta es la realidad que refleja Presunto culpable, película que narra la historia de José Antonio Zúñiga, un habitante del Distrito Federal que fue acusado y sentenciado por un homicidio que no cometió.

    Afortunadamente, su caso llegó a manos de Roberto Hernández y Layda Negrete, abogados que no sólo pudieron replantear el juicio, sino que lograron filmar el proceso para tomar una radiografía del sistema de impartición de justicia local.

    Lo preocupante es que existen muchos casos como éste. Hay cientos de “Toños” en las cárceles de la ciudad de México.

    Los resultados de la tercera encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), son un fiel reflejo de cómo en la mayoría de los asuntos penales no se garantiza la correcta aplicación y vigencia del proceso judicial.

    Esta encuesta nos revela que, de manera similar a lo que vivió el señor Zúñiga: al 93% de los internos en esta ciudad no se le muestra la orden de aprehensión al momento de su detención; el 80% de los detenidos no tiene oportunidad de hablar con el juez porque éste no se presenta a las audiencias (razón por la cual, los internos perciben que las secretarias mecanógrafas tienen un papel más relevante en la conducción de las audiencias que el propio juez); el 10% de los internos se entera del delito por el que se le acusa una vez que ingresa en el reclusorio; cerca del 72% de los detenidos no es informado de su derecho a no declarar, en tanto que al 70% no se le informa que tiene derecho a hacer una llamada telefónica; y, por si eso no fuera suficiente, uno de cada dos detenidos no cuenta con abogado o persona de confianza al rendir su declaración.

    Con sustento en estas y otras estadísticas, la doctora Ana Laura Magaloni señala que las garantías procesales son muy precarias y que durante el periodo analizado en el referido estudio (2002 a 2009) la situación no ha cambiado: “Sin temor a equivocarnos podemos decir que todas las autoridades que conforman el sistema penal (Policías Preventivos, Policías Judiciales, Ministerios Públicos y jueces) violan sistemáticamente los estándares básicos del debido proceso y dicha violación tiene consecuencias dentro del proceso”.

    Esta situación se acentúa en las personas de escasos recursos, debido a que sólo tienen acceso a defensores de oficio, es decir, a personas que -en el mejor de los casos- no cuentan con la preparación, experiencia o voluntad suficiente para realizar una defensa adecuada.

    Muestra de ello es que tres de cada cuatro internos que participaron en la encuesta del CIDE manifestaron haber sido defendidos por abogados de oficio.

    De ellos, 2 de cada 3 mencionaron que sus abogados no les explicaban lo que iba ocurriendo durante el proceso y que tampoco ofrecieron prueba alguna para defenderlos, lo que permite presumir a los realizadores del estudio que un gran número de los internos son inocentes y, por tanto, que hubieran obtenido su libertad de haber contado con una defensa apropiada.

    Como consecuencia de estas deficiencias, en tan sólo 7 años la población penitenciaria del Distrito Federal reportó un incremento de 84% al pasar de 21,500 internos que había en 2002 a 39,500 en el año 2009, lo que revela que cientos de personas no han tenido la fortuna de José Antonio Zúñiga y, lamentablemente, deben cumplir una pena a pesar de ser inocentes.

    Contactame en Twitter: @GabyCuevas

     



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