Opinion

La legislación mexicana no sólo prohíbe el trabajo de los menores de 14 años, sino también de los mayores de esta edad pero menores de 16 que no hayan terminado su educación obligatoria. A pesar de estas restricciones legales, y en contravención a los estándares internacionales, hoy en día existen familias que asignan a los niños la realización de ciertos trabajos de manera habitual.

Aunque los datos que arroja el Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señalan una tendencia a la baja en la tasa de ocupación de los menores de 18 años (al pasar de 12.5% en el año 2007 a 10.6% en el 2009), todavía nos encontramos por encima de países como Costa Rica y El Salvador, donde la tasa asciende a 6% y 7.1%, respectivamente.

Si bien este tema es preocupante por sí mismo debido a que representa un obstáculo para el pleno desarrollo de los niños y para el crecimiento nacional en el largo plazo, tiene como agravante las diversas prácticas que se caracterizan por ser nocivas para el desarrollo físico, síquico y social de los niños, tales como las jornadas laborales prolongadas, los bajos o nulos salarios, la falta de protección legal y la exposición a condiciones difíciles o peligrosas. De la encuesta mencionada se desprende que el 47.3% de los niños trabajadores no recibe ingreso alguno, mientras que el 25.1% sólo gana hasta un salario mínimo; el 27.2% labora en lugares con ruido excesivo, humedad, herramientas peligrosas, productos químicos, entre otras clases de riesgos; y el 40% tiene una jornada laboral de más de 25 horas semanales, lo que significa que trabajan más de 6 horas diarias.

Atendiendo a esta problemática, los países de América Latina han propuesto en La Agenda Hemisférica 2006-2015 de la OIT eliminar de manera progresiva el trabajo infantil, considerando las siguientes metas: 1) eliminar las peores formas de trabajo infantil para el año 2015; y 2) eliminar el trabajo infantil en su totalidad para 2020.

En esta ruta, el Código Penal Federal se reformó en marzo de 2007 a fin de prohibir el empleo de menores de edad en cantinas, tabernas, bares, antros, centros de vicio o cualquier otro lugar en donde se afecte de forma negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional.

Sin embargo, todavía falta por avanzar en la erradicación de este flagelo, principalmente en lo que se refiere a la sensibilización de la sociedad sobre los costos y las consecuencias que conlleva la explotación de los menores de edad.

Buena parte de las acciones realizadas en otros países se han centrado en hacer visible el problema y promover la reflexión sobre el mismo, lo que también acarreará resultados positivos en el nuestro si tomamos en cuenta que el trabajo infantil es una práctica que ha sido ampliamente tolerada durante muchos años, a tal grado que algunas personas se han acostumbrado a ella.

Igualmente, debemos promover una eficaz coordinación interinstitucional y articular los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para romper el círculo de la pobreza, principal factor que ocasiona este problema.

De los 3 millones 14 mil 800 niños que trabajan en el país, la mayor parte lo hace por razones asociadas con la necesidad de aportar recursos (bienes o servicios) a su hogar: el 11.9% trabaja porque el hogar necesita de su aportación económica, el 28.6% lo hace porque el hogar necesita de su trabajo, el 20.2% porque desea aprender algún oficio, el 23.4% para pagar su escuela y sus propios gastos, y el 3.8% porque simplemente no quiere ir a la escuela.

Tomando en cuenta este panorama, debemos diseñar mecanismos que no sólo fortalezcan la integración familiar y eviten la deserción escolar, sino que también combatan de manera eficaz la pobreza. Con ello procuraremos el mayor bienestar posible a las familias y protegeremos el interés superior de los niños, lo que significa garantizarles un desarrollo integral y una vida digna.

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