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Editorial EL UNIVERSAL

En deuda con las mujeres

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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    31 de enero de 2011

    Con bombo y platillo, hace cuatro años entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El objetivo era que la Federación, entidades y municipios se coordinen para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia de género. Todos debían compartir los mismos principios rectores para elaborar legislaciones locales y reglamentos, así como políticas públicas. Lamentablemente, a casi un lustro de distancia, el saldo es negativo.

    El gobierno federal publicó con nueve meses de retraso el reglamento de la ley, y no ha elaborado el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, justo el instrumento que serviría de base para elaborar políticas públicas en esa materia. Tampoco ha puesto en marcha el Fondo Nacional para la Alerta de Género, aunque sí ha habido presupuesto tanto para ese fondo como para el inexistente banco de datos.

    En los gobiernos estatales, apenas el año pasado se logró que todos tuvieran legislaciones en la materia. El problema es que Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Durango, Sonora y Tamaulipas aún no elaboran los reglamentos correspondientes. Además, el Observatorio Nacional de Feminicidios ha denunciado que el tema ha sido una herramienta de denuncia política en vez de un incentivo para hallar una solución.

    Por sí misma, la ley es ambiciosa. Estableció una amplia tipología de formas específicas de violencia de género, un listado de modelos de atención, prevención y sanción frente a agresiones familiares, laborales, incluso comunitarias. La norma define desde violencia física y económica hasta la sicológica y sexual. Por primera vez se incluye a la figura de violencia patrimonial.

    El problema es que, por innovadora que sea una ley, no tendrá incidencia real alguna si las autoridades encargadas de aplicarla carecen de voluntad.

    Quizá los gobiernos creen que no se trata de un tema urgente. Se equivocan. El INEGI, en sus estadísticas sobre mortalidad 2005-2009, reportó un incremento de feminicidios de 2.45 a 3.52 por cada 100 mil mujeres. Una de cada cuatro ha sufrido violencia física y/o sexual a manos de su pareja. El 82% de quienes han sido víctimas de violencia no denunció el crimen.

    En poco más de un mes, el 8 de marzo, se conmemorará el Día Internacional de la Mujer. En vez de grandes discursos y lujosas ceremonias, se esperaría que Federación y gobiernos estatales ofrecieran un mejor saldo de la hasta ahora fracasada Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia.



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