Opinion

La violencia del crimen organizado afecta a todos los habitantes de una zona en conflicto. Nadie se salva en lugares como Ciudad Juárez o Reynosa. Pero en el momento en que los médicos ya no pueden ejercer su trabajo con libertad, la descomposición social y el desgobierno suben a un nuevo nivel de gravedad. El hecho de que la Cruz Roja tenga que adoptar medidas de seguridad propias de zonas de guerra habla por sí mismo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Daniel Goñi Díaz, director de Cruz Roja Mexicana, dice que han tenido que cambiar sus métodos de intervención para adaptarse a los enfrentamientos entre grupos armados. “No es lo mismo atender un choque en un crucero o un balaceado en una cantina donde se armaron de valor y alguien sacó la pistola, que ir a recoger a un grupo de heridos, la mayoría producto de una contienda de la delincuencia organizada”, comenta.

Por desgracia no hay medidas preventivas que sean suficientes para impedir completamente las agresiones contra los profesionales de la salud. En la propia Cruz Roja sucedió lo impensable en marzo pasado. Genoveva Roguer, radioperadora de la delegación de Culiacán, Sinaloa, fue baleada cuando un grupo de asesinos entró al hospital de esa ciudad para liquidar a un paciente. Murió a los 20 años de edad.

“Sentimos temor en la noche por la seguridad de los nuestros y los paramédicos que están en actos donde ponen en riesgo la vida”, comenta Goñi. El miedo ya se tradujo incluso en déficit de médicos en municipios de Chihuahua, Michoacán y Tamaulipas, donde los doctores prefieren no acudir a trabajar, hacer huelgas para exigir protección o salir del estado antes que arriesgar sus vidas en el salvamento de otros.

Muchos gremios han sido amenazados como los periodistas, los policías, los comerciantes, los operadores de transporte... a todos se les tendría que dar protección. Sin embargo, es un agravante mayor que a los médicos no se les brinden estas garantías. Son ellos quienes cuidan el derecho fundamental a la vida y la salud, lo primero a lo que recurren todas las convenciones internacionales que norman conflictos bélicos.

Es verdad que la condena inicial debe hacerse a los delincuentes, a los cárteles del narcotráfico y sus operadores, quienes han perdido todo criterio de humanidad a la hora de llegar al extremo de atacar una ambulancia en pos de acabar con sus rivales.

Una vez establecida esa condena el Estado tiene la obligación de dar garantías de seguridad a los profesionales de la salud. Hospitales libres de violencia, tendría que ser la exigencia mínima de la sociedad en un Estado civilizado.