Opinion

Sin duda el tema más socorrido y recurrente en los escritos que durante 25 años he entregado a EL UNIVERSAL para estas páginas ha sido la necesidad de reconstrucción del sistema de justicia. Incluso, dos magistrados —Carlos Cárdenas Márquez y Adalberto Saldaña Harlow— aceptaron acompañarme en la presentación de una ponencia en la llamada Consulta Pública de la Reforma del Estado (junio-julio de 2007), donde se proponía esa reconstrucción, empezando, cosa natural, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por ello he de sentirme satisfecho por el acontecimiento de veras importante del nombramiento y toma de posesión del magistrado Juan Silva Meza en la presidencia de la Corte, hecho que adquiere trascendencia, cuando en el país hay amplio descontento por la ineficacia —cuando no la incuria— de la mayoría de los componentes del órgano en el que la Constitución “deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación”.

¿Qué me conduce a considerar que la ascensión del magistrado al puesto de presidente de la SCJN postula la posibilidad real de solución a los graves problemas del sistema de justicia en nuestro país? ¿No he escarmentado con las falsas reconstrucciones del maximato en 1928 y de Zedillo en 1994? ¿Acaso el magistrado Silva Meza expresó el compromiso de realizarla?

Parto de la idea de que la crisis del sistema de justicia es tal, que la necesidad de cambios profundos —en la práctica su reconstrucción— no puede esperar más; que esa crisis es causa de aversión al sistema político y, consecuentemente, exige su presencia en los programas y acciones tácticas de las fuerzas progresistas.

Tomo en consideración que al presentar sus líneas de trabajo como aspirante a la presidencia de la SCJN, Silva Meza estableció la “urgente necesidad de revertir la desigualdad social, mejorar los niveles de seguridad pública y abolir la impunidad”, ante lo cual afirmó, “se requiere de juzgadores que cumplan su misión como garantes de los principios y ordenamientos contenidos en la Constitución y en las leyes...”.

También es importante justipreciar su decisión expresa de dar impulso a la independencia judicial en todas sus expresiones —factor indispensable en la situación del sistema—, de pugnar por hacer eficientes la tutela y expansión de las garantías fundamentales del pueblo, tomando en cuenta los instrumentos del derecho internacional en materia de derechos humanos.

Pero, no son sólo los ofrecimientos que ha reseñado la prensa. Silva Meza, durante su actuación en la SCJN, ha condenado las violaciones graves a las garantías individuales cometidas por Enrique Peña Nieto en el caso de San Salvador Atenco y por Ulises Ruiz en los actos represivos en Oaxaca. También reprobó las violaciones de Fernando Bours en relación con la guardería ABC y de Mario Marín a la periodista Lydia Cacho. Votó a favor del derecho de las mujeres en el DF a interrumpir su embarazo antes de 12 semanas y el de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio.

Otro hecho de su actividad fue la elaboración de un proyecto de dictamen que proponía la aplicación retroactiva del Convenio para la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, por considerar “que el genocidio era un delito de ‘especial gravedad’, cuyas víctimas merecen la protección universal”; este proyecto —rechazado por la Primera Sala— cobró notoriedad por producirse en el marco del juicio seguido contra el ex presidente Luis Echeverría por la matanza de 1971.

Al asumir la presidencia de la SCJN formuló un elemento indispensable para hacer real la oportunidad de transformación del sistema de justicia: “La sociedad mexicana está hoy urgida de creer en sus jueces: confiar en todos nosotros. Todos lo necesitamos”. Trazó un marco en que la Constitución, las leyes, las instituciones y la cultura de la legalidad sean las pautas de la convivencia social. Reclamó la vigencia de un Estado de derecho, como conjunto de principios que orienten la vida pacífica en una sociedad justa: “El respeto irrestricto a los derechos humanos; la libertad de opinar y de elegir gobernantes; la participación lícita en el desarrollo económico y la prosperidad de la sociedad; el derecho a saber cómo y por qué se toman las decisiones públicas; la exigencia a los encargados de los negocios públicos para que rindan cuentas de sus actos; la exigencia de que los recursos públicos asignados al Estado se utilicen con racionalidad y austeridad, con eficacia y, sobre todo, honestidad”.

Bien, estos son los elementos que permiten un juicio sobre la posibilidad planteada. Mas aún es insuficiente. Junto a ellos es indispensable la acción práctica, pública, del propio magistrado, de su capacidad de conducir a la Corte. Esperemos y mantengamos nuestra tradicional vigilancia.

Analista político