Opinion

Un tiro sobre la sien le quitó la vida. Tres horas antes había sido secuestrado por seis individuos vestidos de negro, encapuchados y reciamente armados, mientras almorzaba en un restaurante no lejos de su domicilio.

Gregorio Barradas Miravete (1982–2010), mejor conocido como el Goyo Barradas, tenía sólo 28 años. Y sin embargo ostentaba ya el título de presidente municipal electo. Sus asesinos le ultimaron el 8 de noviembre, un mes antes de que tomara posesión como alcalde del municipio veracruzano de Juan Rodríguez Clara.

Muy rápidamente se vinculó este trágico episodio con el crimen organizado. El entonces gobernador de la entidad, Fidel Herrera Beltrán, aseguró que la naturaleza de los hechos apuntaba en esa dirección. Lo mismo hizo el presidente Felipe Calderón Hinojosa cuando, por Twitter, lamentó la tragedia, al tiempo que la utilizó para justificar su lucha contra la delincuencia organizada.

El móvil del crimen no sólo se supuso por la manera como Barradas fue levantado, sino también por una cartulina verde que aparecería junto al cuerpo inerte del occiso, portando la siguiente amenaza: “Esto es lo que va a pasar a todos los que sigan apoyando a Los Zetas”.

El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, fueron capturados —por efectivos de la Marina— dos supuestos participantes en el asesinato de este edil. A la fecha, las autoridades no han ofrecido mejores elementos para relacionar a tales sujetos con aquel hecho de sangre. Bien podrían ser chivos expiatorios para calmar los ánimos coléricos que, por estas fechas, se pasean en las calles de Rodríguez Clara.

Contrastan estas declaraciones y circunstancias con la convicción que sostienen tanto la familia de Barradas, como la gran mayoría de los pobladores de este municipio veracruzano.

La certeza general no guarda silencio: la muerte del edil electo no está relacionada con el crimen organizado, sino que tuvo detrás un móvil político.

Así lo hicieron saber los pobladores durante el sepelio, un acto al que concurrieron más de dos mil personas para dolerse por el destino del joven Goyo, de su viuda —que no ha cumplido aún los 25 años— y de su huérfano —que sólo tiene dos.

En tal evento, nunca antes visto en la población, se tocaron sones jarochos, huapangos y corridos, todas piezas musicales cuyas letras hacían alusión al afecto popular que este hombre logró despertar entre los suyos.

Insisten sus vecinos: “No hay cómo asociar al Goyo con la delincuencia, y aquí todos nos conocemos”. En este municipio veracruzano aseguran que al político lo mataron por oponerse a los poderes tradicionales y caciquiles de la región.

Su triunfo en las urnas el 4 de julio del año pasado, representó una peligrosa amenaza contra las familias que, durante demasiadas generaciones han controlado este territorio fertilísimo para el cultivo de la piña.

Siempre puede la voz popular estar equivocada y, sin embargo, mientras el Ministerio Público no haga su trabajo, ella tendrá todo el derecho a seguir creyendo que el gobierno oculta la verdad.

Durante 2010, en nuestro país, 15 presidentes municipales perdieron la vida de manera violenta. Todas estas muertes fueron rápidamente relacionadas con el narcotráfico y, con igual velocidad, la mayoría de los expedientes criminales fueron archivados.

Este año nos estrenamos con el asesinato de Saúl Vara Rivera, edil de Zaragoza, Coahuila. Y tanto la hipótesis como el tratamiento de su expediente volvió a ser el mismo.

En México, cuando quiere conseguirse impunidad, el crimen organizado se ha convertido en la más repetida de las coartadas. Basta con que se imite un modo de operar, se utilicen ciertas armas y se coloque un mensaje junto a la víctima para que los asesinatos violentos se traten con negligencia.

El Estado comete un grave error cada vez que un caso es sepultado por habérsele relacionado con el narcotráfico. Con esta actitud multiplica la gana para que asesinos de cualquier especie escondan sus motivaciones tras esta recurrente coartada.

La lucha contra el crimen organizado merece un esfuerzo de investigación y legalidad que aún permanecen ausentes. Es una desgracia.

Analista político