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Alfonso Zarate

El tren de la muerte

Alfonso Zárate Flores, Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI. Académico, actor político y analista de los fenómenos del ...

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    06 de enero de 2011

    Para Sonia Fritz, con mi cariño invariable.

    Lo que viven hombres, mujeres y niños que se atreven a recorrer la ruta inhóspita que supuestamente los conduce al “sueño americano”, es horrendo. El trayecto suele empezar con el abordaje de ese ferrocarril al que han dado en llamar “La Bestia” o el “Tren de la muerte” en Tenosique, Tabasco. Una ruta sembrada de riesgos: accidentes que pueden dejarlos mutilados o muertos; asaltos de los traficantes de personas que se traducen en violaciones sexuales, secuestros y, para colmo, las vejaciones y extorsiones de delincuentes con “chapa”, como los de la “migra” mexicana.

    La miopía y la frivolidad de los titulares del Ejecutivo y de la Secretaría de Gobernación han llevado en los últimos diez años a designar al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) a personas cuyas trayectorias profesionales son ajenas a esas responsabilidades. Como titular de Gobernación, Santiago Creel designó como comisionada a una amiga suya, Magdalena Carral, quien carecía de la experiencia indispensable para una tarea tan sensible en términos de seguridad nacional.

    Felipe Calderón no lo ha hecho mejor; primero nombró a Cecilia Romero, una militante de la ultra derecha panista que se cayó para arriba después del homicidio de 72 migrantes: hoy ocupa la secretaría general del PAN, y luego a Salvador Beltrán del Río, quien lleva el sello de la casa: lo único relevante en su currículo es su pertenencia al PAN y su cercanía al presidente Calderón, a quien ha acompañado lo mismo en Banobras que en la Secretaría de Energía; su puesto actual es el cuarto en los cuatro años que lleva la actual administración.

    La lógica de repartir cargos públicos como “mercedes reales” en beneficio de los militantes, adeptos o cuates, sin tomar en cuenta la naturaleza delicada de las funciones, ha tenido costos muy altos en términos de eficacia, derechos humanos y, por si no fuera suficiente, está dañando seriamente el prestigio y las relaciones exteriores de México con naciones hermanas de Centroamérica.

    Bandas del crimen organizado se han apropiado de las rutas de los migrantes y actúan con total impunidad ante el silencio cómplice de autoridades de todo orden que han sido omisas, ineptas e, incluso, cómplices en esta materia.

    Los cárteles no pueden operar sin que nadie (la tripulación de los trenes, los vecinos de las comunidades y las autoridades) sepa lo que hacen y cómo lo hacen.

    El problema está presente desde hace décadas, pero se ha ido agravando cada día. La pobreza extrema, las condiciones de vida tan duras expulsan a muchos jóvenes a buscar alternativas, pero en ocasiones sólo encuentran la muerte.

    El domingo 22 de agosto del año pasado, un grupo de migrantes fue secuestrado, al parecer por miembros de los Zetas, en el municipio de San Fernando en Tamaulipas. Uno de los sobrevivientes pudo denunciar los hechos ante la Armada de México, que puso en marcha un operativo que llevó al hallazgo de una bodega en la que se encontraron 72 cadáveres.

    Durante mucho tiempo, los “polleros” fueron los principales explotadores de esos migrantes, pero hoy son grupos más violentos los que lucran con ellos: los secuestran para extorsionar a sus familiares en sus lugares de origen o en Estados Unidos, o para reclutarlos. Su negativa puede conducirlos a la muerte.

    El INM está infestado de delincuentes, y sus jefes no han hecho nada para impedirlo; no se les aplican exámenes de control de confianza (toxicológicos, psicológicos, poligráficos, de situación patrimonial), no se evalúa su desempeño ni se adoptan las medidas para poner un alto a este desorden.

    Hasta ahora, los discursos de las más altas autoridades no han sido acompañados de acciones que frenen esta tragedia cotidiana. Y pensar que hubo un tiempo en que este país era una patria que acogía generosa a hombres y mujeres de distintas partes del mundo que aquí encontraban paz y hospitalidad.

    Posdata

    Por una decisión prácticamente unánime, el ministro Juan Silva Meza es el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura. Un hombre recto y comprometido con las mejores causas ocupa ahora la Presidencia del máximo tribunal del país, enhorabuena.

    www.twitter.com/alfonsozarate

    Presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario



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