Opinion

Nuestro país acusa un grave retroceso en materia de derechos humanos. Muertes inexplicables, tortura, trata de personas, delincuentes en las calles, inocentes en las cárceles, impunidad y destrucción del medio ambiente son hechos que se cuentan por miles y generan un clima adverso para el sano ejercicio de las prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personas.

La Comisión Nacional del ramo ha jugado, desde su creación, un papel indispensable en la promoción y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el modelo que circunscribe su actuación se agotó, en buena medida por la apatía de las autoridades recomendadas -al poner oídos sordos a las actuaciones de la CNDH- y un gobierno federal que abiertamente desafía su obligación de desempeñarse con estricto sentido de respeto a los derechos de las personas.

Por lo anterior, resultaba impostergable una reforma constitucional que posibilitara el desarrollo real de una sociedad más igualitaria, equitativa, justa, tolerante, solidaria e incluyente, en la que la premisa fundamental sea el respeto irrestricto a los derechos humanos.

El Legislativo Federal, en pleno, fue llamado a crear los mecanismos legales para ampliar las garantías y libertades de las personas y fortalecer los organismos encargados de promoverlas y protegerlas. La labor se antojaba ardua y así lo entendimos quienes tuvimos la encomienda de construir el nuevo andamiaje jurídico sobre el cual descansaría la figura de los derechos humanos.

Esta reforma representa un avance sin precedentes en la materia. Entre otras modificaciones, se introduce plenamente el concepto de derechos humanos en la Constitución. De la misma forma, se ofrece la más alta jerarquía a los instrumentos internacionales de los que México forma parte -y que reconocen los derechos humanos- fortaleciéndose así su protección a la luz del derecho internacional.

Un avance significativo lo constituye la inclusión del principio de interpretación pro persona en la materia, lo que significa que, bajo cualquier circunstancia, se deberá interpretar la norma en el sentido que mayormente beneficie a los gobernados. Asimismo, se procuró reforzar los mecanismos para la protección de los derechos humanos a través del otorgamiento de mayores atribuciones a la CNDH. Por lo tanto, el citado organismo podrá investigar violaciones graves de los derechos humanos y tendrá facultades para presentar denuncias ante las autoridades correspondientes.

Destaca, además, la obligación de toda autoridad de entregar los informes que le requiera la CNDH en uso de sus facultades de investigación. Cabe subrayar que gracias a la reforma en comento todo servidor público se encuentra obligado a responder las recomendaciones que le presenten los organismos de defensa de los derechos humanos.

En el caso de que éstas no sean aceptadas o cumplidas, las autoridades o servidores públicos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa, e incluso podrán ser llamados a comparecer ante el Senado, la Comisión Permanente o las legislaturas estatales, según sea el caso, para explicar el motivo de su postura. Otro aspecto relevante es la ampliación del alcance de los organismos de esta índole, que ahora también emitirán recomendaciones relacionadas con asuntos de naturaleza laboral.

Para llevar a cabo una reforma con las características antes descritas es indispensable el compromiso y la voluntad política de los que, en ejercicio de su mandato, participan en el proceso legislativo correspondiente.

Tanto diputados como senadores de distintas fuerzas políticas asumieron con responsabilidad el reto que representa una reforma constitucional de gran calado, cuyos efectos colocarán a nuestro país a la vanguardia en esta materia.

Al respecto, es justo reconocer las invaluables aportaciones de diputados como Alfonso Navarrete Prida, quien actualmente preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; don Juventino V. Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; y de Emilio Chuayffet Chemor, Rosario Brindis Álvarez y Enoé Uranga Muñoz.

También es de reconocerse el esfuerzo de los legisladores que posibilitaron el tránsito de la reforma por la Cámara de Senadores: Pedro Joaquín Coldwell, Santiago Creel Miranda y Pablo Gómez Álvarez.

Hoy México se prepara para retomar su camino hacia la consolidación de una sociedad moderna en la que se lucha incansablemente desde todos los frentes por la plena vigencia de los derechos humanos. Esta reforma constitucional es una clara muestra de ello.

Corresponderá, ahora, a los servidores públicos y autoridades ajustar sus acciones para que éstas no constituyan violaciones a los derechos humanos, y a los gobernados desarrollar nuestra actividad en el marco de la cultura de la legalidad. Sólo así podremos construir la sociedad justa y equitativa a la cual aspiramos para nuestros hijos.

Diputado federal con licencia