Opinion

Durante jornadas exhaustivas, y a contrarreloj de las vacaciones, la Cámara de Diputados aprobó dictámenes de diverso calado, absolutamente desarticulados, sin atender posiciones disidentes o propuestas justificadas de enmienda. El propósito era mostrar que existe una nueva mayoría imparable y ansiosa de gobernar. Exhibición de fuerza numérica, que no de razón legislativa.

Junto a los que habían sido adoptados durante el periodo, suman 74 dictámenes sobre las más distintas materias, entre los cuales hay reformas a 17 artículos constitucionales. Una proeza de los minimalistas que, desde el inicio de la transición, se han negado a discutir proyectos coherentes de reforma del Estado que nos hubieran dotado ya de un andamiaje institucional acorde a las necesidades del país.

En alguna votación, los diputados proponentes se levantaron a gritar “¡Histórico, histórico!”, cuando en realidad se trataba de un ejercicio histérico. Recordaban el talante autoafirmativo de la roqueseñal, aunque pretendieran trocar el gesto obsceno por la actitud patricia. Se trataba de acallar por el grito tumultuario los argumentos que buscaban corregir evidentes ambigüedades o desviaciones.

Así, el carácter obligatorio de la educación media superior, diferido desde el 2000 por los mismos que ahora la aclamaron. El avance legislativo queda en el aire por un transitorio que prevé un periodo de implementación de diez años. Oídos sordos a la viabilidad de un plazo menor, capaz de desactivar la bomba de tiempo incubada en la tragedia de los “ninis”.

Lamentable roñería, cuando se abre al debate la proporción del PIB que México destina al gasto social —12%—, junto al 18% que eroga en promedio América Latina, el 25% Argentina o Brasil, y el 40%, Cuba. Renuncia explícita del Congreso a su potestad de reordenar el rumbo de la nación

La supresión del “veto de bolsillo” mediante la autorización a la Cámara, de promulgar una ley indebidamente retenida por el Ejecutivo, ataja la arbitrariedad pero no resuelve el problema. La tendencia presidencial a frenar las decisiones del Legislativo se origina en la ridícula minoría política que lo sustenta.

Nos remite al imperativo tantas veces planteado de modificar la forma de gobierno a fin de generar mayorías estables, eficientes y responsables de la conducción del país. Al menos, a la implantación del dictamen obligatorio de las iniciativas en el máximo de un periodo de sesiones, a efecto de descongestionar el Congreso y rescatar la dignidad de los legisladores.

En derechos humanos resulta inadmisible que se haya ignorado una propuesta avanzada que se originó en la Cámara de Diputados para procesar el proyecto tramposo proveniente del Senado. Reforma “torcida”, la llama Granados Chapa, por cuanto suprime una facultad señera de la Suprema Corte y la traslada a la CNDH, sin dotar a ésta de autonomía y medios de acción verdaderos.

La jerarquía constitucional de los Tratados que se pregona no es tal en la medida que se mantiene el texto del artículo 133, que los coloca en un rango más bajo. Tampoco se modifican disposiciones de la Carta Magna radicalmente contrarias a esos compromisos internacionales ni se prevé la conversión de estas en leyes nacionales con el fin de garantizar su aplicación.

Nada respecto del fuero militar, que habíamos propuesto suprimir en tiempos de paz, ni de la definición de “seguridad interna” que ha permitido hacer de la seguridad pública un asunto de guerra. Ni una palabra sobre la urgencia de desmilitarizar el país, ni referencia alguna al enorme peligro de una intervención armada desde el exterior.

Se anuncia una reforma laboral pero resuena el silencio ante el hundimiento del salario y el alza escandalosa de la tortilla. El culto por la apariencia y el olvido de la sustancia. Bizancio era tal vez un ámbito más comprometido.

Diputado federal del PT