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Editorial EL UNIVERSAL

Que paguen los estados

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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    30 de noviembre de 2010

    A nadie le gusta pagar impuestos, tampoco a los funcionarios públicos, por eso no es difícil encontrar un gobierno estatal con adeudos de ISR, o viceversa, un edificio federal que no paga el servicio de agua a la administración local. Es un tema que suele pasar desapercibido, pero que no debe quedar sin consecuencias. Obligar a las autoridades morosas a pagar es el primer paso necesario para generar un mínimo de confianza en el sistema tributario nacional.

    Lo anterior viene al caso porque ayer el Servicio de Administración Tributaria hizo dos anuncios. El primero, que condonará 46 mil 500 millones de pesos de adeudos que tienen los gobiernos estatales y municipales con la federación por Impuesto sobre la Renta (ISR) entre 1999 y 2008. El perdón tiene la finalidad de regularizar a esas entidades.

    La medida es comprensible, ya que algunos gobiernos, por la irresponsabilidad de funcionarios anteriores, se encuentran en problemas económicos que comprometen sus obligaciones ante la sociedad. Por ejemplo, la presidenta municipal de la capital de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, dejará a su sucesor Eduardo Rivera Pérez una deuda fiscal de más de 600 millones de pesos, la cuarta parte del presupuesto del ayuntamiento para el próximo año.

    Las condonaciones, sin embargo, servirán de poco si no son acompañadas con medidas que impidan más evasiones por parte de servidores públicos despreocupados del futuro de sus entidades.

    Por lo tanto, será de crucial importancia que el SAT cumpla con el otro anuncio que hizo ayer: una serie de auditorías a las entidades públicas estatales, municipios y entidades federativas para detectar evasiones fiscales a través de triquiñuelas como el outsourcing, es decir, el empleo de una empresa externa para realizar las labores que deben ser desempeñadas por el personal y los recursos propios.

    Ya muy oneroso resulta para el país que los gobiernos estatales y municipales se nieguen a comprobar la correcta aplicación del presupuesto que se les asigna año con año como para que también dejen de pagar impuestos a la federación.

    Con suerte, el pago puntual de sus obligaciones fiscales será un aliciente para que las entidades federativas —en vez de sólo estirar la mano a la Cámara de Diputados— intenten recaudar sus propios impuestos. Hoy día el 97% de los ingresos tributarios los obtiene el gobierno federal y únicamente el 3% los gobiernos estatales y municipales. En países de este hemisferio como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil la proporción es de 35% para las autoridades locales.

    Habrá que ver si el Ejecutivo federal puede poner el ejemplo a sus blandos colegas locales.



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