Opinion

El encuentro parlamentario entre México y Canadá dio motivo para reflexionar, desde distintas perspectivas, en torno al estado que guardan tanto nuestras relaciones bilaterales como el proceso inconfeso de integración regional. Algun os sostuvimos que el marco normativo vigente no sólo fue —desde el inicio— asimétrico y notoriamente incompleto, sino que ha sido ampliamente rebasado por los hechos.

No existe ningún otro pacto en el mundo que, disfrazado de tratado comercial, haya tenido tan hondas consecuencias económicas, políticas, sociales y militares sobre uno de los signatarios. La abrumadora fenomenología ocurrida desde entonces a través de la frontera otorga razón a los “maximalistas” que en el curso de su negociación sugirieron el establecimiento de un andamiaje institucional —e inclusive supranacional— que pudiera contener y regular el conjunto de consecuencias que habrían de producirse.

Pone sobre todo en relieve la mala fe con que se excluyeron asuntos fundamentales en debate. Así el respeto a los derechos humanos, el trabajo, los salarios, el medio ambiente y la infraestructura fronteriza; finalmente relegados en un saco de “acuerdos paralelos”, sin carácter vinculante alguno. Peor aún, el rechazo a considerar los flujos migratorios como inherentes al modelo económico pactado y convenir los términos de la movilidad laboral.

Conforme a un distinto paradigma, el instrumento que suscribimos con Europa lleva por nombre Acuerdo de Asociación Económica, Cooperación y Concertación Política. Fue acompañado de una cláusula democrática y más tarde de una tabla de “valores y principios” —de adhesión multilateral. Contiene órganos de evaluación y regulación que, aunque precarios, colocan a las partes en un plano formal de igualdad. Recientemente hemos firmado además un acuerdo estratégico que nos eleva al rango de potencia emergente.

Los diversos tratados que han edificado la Unión Europea se fundan en la teoría de las cuatro libertades: la de circulación de bienes y servicios, la de transacciones financieras, la de tránsito de las personas y la de establecimiento en otro país, sobre la que se funda la ciudadanía comunitaria. Desarrollan instituciones supranacionales con un Ejecutivo, un Poder Judicial y un parlamento dotado de facultades efectivas. Los han dotado de una moneda europea y definido el marco para conducir una política exterior común.

Sin equilibrio alguno, órganos apropiados o normatividad pertinente, nuestra integración hacia el norte ha ido mucho más lejos que en cualquier parte de aquel continente. Ningún país europeo ha transferido 20 millones de personas a su vecino ni concentra con éste el 85% de su comercio exterior. Tampoco se han levantado muros para contener las migraciones europeas ni se han expedido leyes provinciales discriminatorias contra sus socios. Ello significaría abolir la Unión.

Algunos hablan de un “NAFTA plus”, que comprendería materias no reguladas por el tratado y otros demandamos de su evaluación imparcial, seguida de su “terminación, denuncia, suspensión, modificación o enmienda”, como está previsto en la fracción I del artículo 76 de la Constitución. Si bien los tratados obligan a su cumplimiento (pacta sunt servanda) pueden ser revisados o sustituidos cuando las circunstancias cambian radicalmente (rebus sic stantibus).

Sorprende a menudo el conformismo con que nuestra clase dirigente asume ese tratado como inamovible, e inclusive le atribuye bondades inexistentes, sin el menor análisis del desastre ocurrido en México durante su preparación y vigencia. Fingen ignorar que fue el instrumento privilegiado para encadenarnos a la política neoliberal, ahora en descrédito; que en ese lapso hemos crecido al 2% —tres veces menos que América Latina, se han desintegrado las cadenas productivas, el campo ha colapsado y hemos sido condenados a una estrategia de seguridad ineficiente y mortífera.

La discusión en el Congreso de una nueva Ley de Tratados habría de implicar una consideración seria de esos extremos. El ASPAN y el Plan Mérida debieran ser abrogados por nocivos y por haber sido suscritos en contravención de disposiciones constitucionales. Urge poner un alto al indecible vaciamiento de la soberanía nacional.

Diputado federal del PT