Opinion

Doña Lupe Rodríguez tiene diabetes tipo 2. Es una más de los millones de personas que sufren y sufrirán problemas de salud derivados de los cambios en los estilos de vida en las economías emergentes, algo de lo que nos advierte la Organización Mundial de la Salud. Si comparamos, por ejemplo, las tasas de obesidad al norte y al sur de la frontera mexicana, podemos comprobar que la señora Rodríguez bien podría ser la señora Smith. Doris Smith también tiene diabetes tipo 2 y su médico le ha recetado un medicamento que favorece la asimilación de la insulina en el organismo. Pongamos que este medicamento es, por ejemplo, la pioglitazona. Éste es un fármaco relativamente reciente, cuya patente es propiedad de Lilly. Esta empresa lo comercializa en Estados Unidos bajo el nombre de Actos® a un precio equivalente a 74 pesos por dosis diaria y en México como Zactos® a 50 pesos por dosis. Es más barato en México. Sin embargo, a pesar de estos 24 pesos de diferencia, lo que para un estadounidense medio resulta un gasto meramente engorroso para muchos mexicanos como la señora Rodríguez es simplemente desorbitado y prohibitivo.

Los sistemas públicos de salud se enfrentan al mismo problema. La magnitud del gasto farmacéutico dificulta enormemente la extensión de la cobertura médica al conjunto de la población, por lo que en muchos países hay que esperar a que expiren las patentes para que los medicamentos deseables puedan estar al alcance de la mayoría de los ciudadanos.

El acceso a la salud es una necesidad universal, reconocida en muchas constituciones como un derecho, sin embargo, el mercado de medicamentos sólo reconoce a clientes en función de su capacidad de pago. Las vidas no son mercancías, sin embargo, el conocimiento y la investigación médica se protegen como si lo fuesen. Como consecuencia, frente a problemas tan generalizados como la diabetes, con sus numerosas complicaciones asociadas, los efectos de esta estrategia de mercado se manifestarán negativamente en la calidad y esperanza de vida de muchos mexicanos.

El Fondo para el Impacto sobre la Salud (HIF) es una iniciativa independiente concebida para corregir estas dramáticas disfuncionalidades en el acceso a medicamentos valiosos. Su atractivo radica en que es capaz de conciliar los intereses de todas las partes implicadas de un modo conveniente para todos. Los investigadores médicos seguirían teniendo incentivos para seguir invirtiendo, los Estados no tendrían que aumentar sus presupuestos de salud y los ciudadanos tendrían acceso a medicamentos deseables en el momento que lo necesiten, no 20 años más tarde.

Para ello, el HIF propone concentrar el gasto en medicamentos en un fondo único y limitado. A escala global, para todo el planeta, funcionaría con 6 billones de dólares. En experiencias piloto a escala doméstica, cada Estado decidiría libremente cuál es el tope del gasto y sus prioridades médicas.

Una vez constituido, el HIF ofrece a los propietarios de patentes médicas interesantes deseables la posibilidad de registrar su producto en el Fondo. Mediante este acuerdo voluntario, el propietario del producto (corporaciones, laboratorios universitarios, entidades públicas, organizaciones civiles, etcétera) se compromete a que éste sea producido y distribuido por fabricantes de genéricos a precio de costo. El propietario de la patente no vendería el fármaco, pero a cambio cobraría del Fondo una parte proporcional al impacto de su producto sobre la salud de la población.

En la práctica, los innovadores estarían pujando a la baja por conseguir el producto que se pueda fabricar y distribuir como genérico al menor costo y que, además, incida del modo más eficaz sobre la calidad de vida del mayor número de personas. Tras la introducción del producto, una vez realizadas las mediciones correspondientes por parte del HIF, cada medicamento registrado podría reclamar un número determinado de años de mejora en calidad de vida de la población. Este número sería después traducido en la correspondiente participación proporcional del fondo único. Los propietarios de productos verdaderamente eficaces podrían recuperar su inversión a través de la difusión generalizada de su medicamento, ampliando al máximo el número de beneficiarios y abarcando una parte sustancial de la población que de otro modo nunca podría pagar el precio de mercado.

Podríamos decir que con las nuevas reglas del HIF, los laboratorios médicos más interesantes se convertirían en accionistas en la salud de cada señora Rodríguez. En esta empresa conjunta, los laboratorios invertirían sus mejores ideas, fruto de la investigación médica, y recibirían beneficios económicos limitados a los beneficios medidos en la salud de cada señora Rodríguez. Así, los Estados podrían garantizar el acceso a los mejores medicamentos a sus ciudadanos y al menor precio.

Mediante las reglas del HIF, tratamos de que las los intereses de las farmacéuticas giren alrededor de la realización del derecho a la salud, y no al contrario.

www.HealthImpactFund.org

Profesor de Filosofía y Relaciones Internacionales de la Universidad de Yale. Presidente y cofundador de “Initiatives for Global Health”