Opinion

Ayer se realizó el referendum en California para decidir si ese estado de la Unión Americana legalizaba o no el consumo y venta de mariguana. Como se preveía en las encuestas, ganó el “no”, pero lo relevante es que el número de estadounidenses a favor de la legalización se incrementó significativamente respecto de los años en que Richard Nixon declarara la “guerra contra las drogas”.

Hasta el cierre de esta columna el margen entre el “no” y el “sí” coincidió con la percepción de los estadounidenses en general. La encuestadora Gallup encontró hace una semana que 46% de los estadounidenses están a favor de legalizar la mariguana. Es un incremento de 2% respecto de 2009, estadísticamente poco relevante, pero significativo dado que confirma una tendencia. En el 2000 apenas 31% apoyaba la medida, en tanto que en los 30 años anteriores la cifra siempre se había mantenido en el rango de 25%.

De hecho, en Estados Unidos ya hay 14 estados en donde es legal consumir marihuana para fines medicinales. A diferencia de las drogas “duras” la marihuana es una planta cuyos efectos son menores, según varios autores, incluso en comparación con el alcohol.

Los estadounidenses comienzan a comprender que la prohibición, al igual que pasó a principios del siglo XX con el alcohol, ha demostrado ser ineficaz para combatir el consumo. Las mafias que traficaban con la bebida nunca pudieron ser eliminadas mientras los bebedores continuaron comprando. Es por ello que los ex presidentes Zedillo, Gaviria y Cardoso, de México, Costa Rica y Brasil, respectivamente, recomendaron el fin del prohibicionismo.

Hace diez años Portugal fue el primer país occidental en abolir las sanciones para todas los estupefacientes. Portugal, que tenía uno de los problemas de drogas más graves en Europa, ahora tiene la tasa de consumo de mariguana más baja del continente. Las enfermedades relacionadas como el VIH, la hepatitis y las muertes por sobredosis disminuyeron. Los lusos no incentivaron el consumo de droga entre su población, simplemente lo atendieron como un problema de salud pública.

Es cierto, como dice el portavoz de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, que la legalización no reducirá la violencia ni el crimen organizado, pues éste “ha ampliado sus actividades al secuestro, el robo, la extorsión e incluso la trata y tráfico de personas”. Pero con la legalización los cárteles tendrán una fuente menos de ingresos. Los policías se concentrarían entonces en perseguir secuestradores y traficantes de personas y no en evitar que “la droga llegue a los hijos”, porque esa batalla, como lo prueba la historia, ya está perdida bajo el enfoque policiaco.

Estados Unidos va para allá. ¿Tiene sentido en México seguir considerando el tema un tabú? Es mejor, al menos, comenzar con perderle el miedo a ese debate.