Opinion

La violencia privada y la del Estado compiten en una carrera desenfrenada que no se ve siquiera amainar. Desde una impronta cultural histórica, los gobiernos no encuentran mejor medicina para frenar la violencia que usar la violencia propia. Desde ahí, el régimen político mexicano echó a la basura el principio de última razón que le dio origen al castigo penal y a todo el aparato represivo que lo rodea, dejando la condición de último recurso a las alternativas no penales de tratamiento a la violencia. En las pocas ocasiones que ante la violencia surge el discurso social entre los políticos y las autoridades de este país, aparece en la forma de recurso posterior al fracaso del sistema penal, justo al revés de la propuesta original del Estado moderno.

Lo que nos tiene atorados es la percepción masiva, por parte de la denominada clase política, de la debilidad e ineficacia de los recursos no penales para enfrentar la violencia. Para ella el castigo es el principio y el fin de los recursos del Estado, mientras que la propuesta de acudir a la reconstrucción del tejido social aparece como una suerte de ingenuidad proveniente de quienes no sabemos lo que decimos porque no entendemos el nivel de amenaza que acecha. Es el conocido discurso de la razón de Estado, que por cierto solo es comprensible, si acaso, por quienes la abanderan. Pero la tendencia que describo viene desde la sociedad hacia los gobiernos y regresa a ella en la forma de auditorios acríticos que “compran” la oferta de más castigo, como quien comprobó en el desierto que el agua que creía ver era en realidad un espejismo, pero de todas maneras escarba en la arena para encontrarla. Mejor paren de escarbar. Lo que el paradigma del castigo puede ofrecer ya lo tenemos enfrente, si bien la agudización de la violencia privada y oficial no conoce límites.

A los gobiernos se les acabó la caja de herramientas para enfrentar la violencia. Absurdo cual más es darnos cuenta que sucede así, justo cuando un reputado experto colombiano informó, en el marco del inicio de los trabajos del Centro Nacional de Prevención del Delito del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que a su entender en el mundo ya están disponibles las herramientas necesarias para trabajar exitosamente en la prevención de la violencia. Lo que se hace hoy es probar, es experimentar con todo lo que ya se ha venido diseñando, nos dijo. Tal vez el experto tiene razón; en todo caso, los operadores oficiales en el sector de la seguridad y la justicia penal ni siquiera hacen referencia a lo que fluye en los foros avanzados, y vuelven a mirar su propio herramental turnando la solución de la violencia al despliegue policial y militar y a la inflación de las penas.

Acierta el rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, cuando se aproxima a la violencia reiterando la necesidad de un golpe de timón propio de una decisión de Estado de corte social, en particular en beneficio de los jóvenes. Pero el ambiente no está para ingenuidades, deben pensar “los duros”, esos cientos de miles de operadores cargados de armas de fuego o de poderes reformistas que, así como engrosan el gasto público para la seguridad y la justicia penal, adelgazan el social. Están a cargo “los duros” y a ellos se les acabó la caja de herramientas. Así pongan en la calle varias veces más policías, así desplieguen en las calles a todas las fuerzas armadas disponibles, así construyan más prisiones sin parar, así decreten la cadena perpetua para todos los delitos violentos, si un niño, un adolescente o un joven tiene mayor acceso a un arma que a un aula o a un empleo nada parará la carrera entre la violencia privada y la estructural. Pero la peor noticia tal vez no es que “los duros” están a cargo, sino que detrás de ellos vienen otros iguales porque ningún partido político está llevando al poder a liderazgos informados de los paradigmas no penales de contención de la violencia. Las masacres de jóvenes a manos de otros jóvenes nos deben avergonzar a todos. Son la expresión brutal de un país que es mucho más eficaz para excluir que para incluir en el bienestar social. Los duros están a cargo y así nos está yendo.

Director del Instituto para la Seguridad y la Democracia