Opinion

Este mes, el Congreso designará tres nuevos consejeros electorales, con lo cual se habrá completado la renovación del Consejo General del IFE, ordenada por la reforma electoral de 2007, y que estará encargado de organizar las elecciones federales de 2012. Mucho se ha discutido sobre la partidización del proceso de selección de consejeros, pero poco se ha dicho sobre un problema quizá más preocupante: ¿el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de verdad promueve elecciones más libres y justas que antes? La respuesta a esta interrogante no es nada sencilla, pero lo cierto es que, si el marco regulatorio es deficiente, de poco sirve preocuparnos sobre la identidad particular de los consejeros. De hecho, es probable que cuestionar “el espíritu del Cofipe” sea una forma segura de no llegar a ser consejero.

Uno de los principales logros de la reforma electoral, se dice, es el nuevo modelo de acceso a medios, el cual permite que el Instituto administre los espacios de cada partido usando los llamados tiempos oficiales. Este esquema pretende eliminar la influencia de los medios en las campañas electorales. Resulta por lo menos paradójico que un Poder Legislativo que no ha sido capaz de enfrentar el problema de fondo— la concentración de la industria de radio y televisión— encargue a un instituto con escasos instrumentos legales el lidiar con una industria oligopólica.

El imperfecto mercado de spots ha sido sustituido por una imperfecta planeación centralizada y un nuevo mercado negro de coberturas noticiosas. La legislación anterior a 2007 era débil porque permitía que los medios ofrecieran un trato asimétrico a los partidos políticos tanto en términos de precios como de espacios disponibles. Tras la reforma, es la legislación misma la que ordena un acceso asimétrico y rígido a los medios: en 2012, el PRI dispondrá, a lo largo de la campaña, de 32% de los espacios en radio y televisión, el PAN de 25% y el PRD de sólo 13%. Ningún financiamiento que puedan allegarse los partidos, ni cualquier otro esfuerzo mediático de la sociedad civil organizada, podrá cambiar este pautado. Esa es la ley. ¿Puede considerarse equitativo este arreglo? Pero quizá no importe tanto: en 2009 el PAN tuvo 40% más de espacios en radio y tv que el PRI, y de todos modos perdió 63 curules.

Otro aspecto importante de la reforma fue la disminución del financiamiento público a partidos. El problema de fondo en este tema es que los partidos tienen muy pocos incentivos para recaudar recursos propios de manera legal y transparente: resulta que los principales partidos políticos reciben tantos recursos públicos que, de conseguir ingresos adicionales, no podrían gastarlos sin rebasar los topes de gasto de campaña. En 2009, el tope de gasto de campaña para diputado federal fue de 812 mil 681 pesos que, multiplicados por 300 distritos, implicarían un gasto total en campañas de más de 243 mdp. En ese mismo año, el PAN recibió más de mil mdp, el PRI más de 700 y el PRD más de 600. ¿Alguien cree que los partidos respetan ese tope? Existe un mercado negro de financiamiento y gasto de campañas de magnitud desconocida, y el IFE cuenta con recursos limitados para fiscalizar de manera efectiva los ingresos y gastos de los partidos.

Un tercer elemento preocupante de la reforma es un extraño afán por restringir las llamadas campañas negativas. Es extraño porque, en una democracia, un político incompetente o corrupto merece ser criticado por sus rivales, y esta información puede ser mucho más valiosa para el electorado que las promesas huecas de campaña. Por desgracia, la regulación electoral existente prohíbe que los aspirantes o partidos, o incluso las organizaciones que los apoyan, se critiquen abiertamente en los medios. A sus 20 años, el IFE ha sido un actor esencial para entender el cambio democrático en México, pero reglas electorales que limitan cada vez más la competencia, difícilmente protegerán a la democracia.

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Profesor del CIDE