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Irma Eréndira Sandoval

Consejeros vigilados

Investigadora de Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Coordinadora del Laboratorio de Documentación y Anális ...

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    13 de octubre de 2010

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    Ha terminado la época en que podíamos confiar en la responsabilidad de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) para defender las causas ciudadanas y tutelar el interés público. Hoy, como nunca, es necesario someter a los funcionarios electorales a un estricto régimen de vigilancia y control ciudadano para asegurar que cumplan con la ley.

    El actual proceso de renovación de tres integrantes del Consejo General del IFE constituye una excelente oportunidad para iniciar este proceso. Todo parece indicar que, una vez más, los diputados federales privilegiarán las lealtades políticas y personales por encima de la independencia o las capacidades de los candidatos. Pero habría que pasar de los lamentos a la acción.

    Desde ahora tenemos que exigir a los candidatos que firmen una serie de compromisos muy concretos sobre cómo se comportarán, de llegar a dirigir el instituto electoral. Posteriormente, habría que incluir estas reglas directamente en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

    Primero, cada consejero debería presentar una declaración pública de todos sus intereses y relaciones. Una declaración de este tipo incluiría la declaración patrimonial, cuya publicidad hoy todavía no es obligatoria, así como la divulgación de otros tipos de relaciones personales, familiares o de negocios que puedan implicar conflictos de interés. Ya en funciones, el consejero tendría que estar impedido para participar en asuntos relacionados con alguna de estas relaciones.

    Segundo, los consejeros tendrían que cumplir con estrictas reglas ex-parte respecto a reuniones con personas e instituciones que sean parte de los asuntos en resolución. En otros países ya existe un amplio repertorio de opciones para transparentar este tipo de acercamientos, que va desde la prohibición total de tales encuentros en momentos procesales específicos hasta la obligación de que la otra "parte" también esté presente en las reuniones que la primera sostenga con la autoridad. Las reglas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en los Estados Unidos son particularmente avanzadas al respecto.

    Tercero, los titulares del IFE tendrían que publicar cotidianamente detalladas agendas de actividades así como bitácoras de los acuerdos que van tomando en sus reuniones "informales". No es suficiente con subir al internet ficticios listados de actividades demasiado generales, como actualmente lo hacen los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que no sirven para dar un seguimiento real a los funcionarios. Los consejeros electorales tendrían que ser ejemplos de apertura total a la vigilancia ciudadana.

    Actualmente, es de uso común que los consejeros del IFE y los magistrados del TEPJF reciban de manera indiscriminada a las partes implicadas en los casos que están por resolver. También dedican gran parte de sus agendas a desayunos, cenas y reuniones informales con conspicuos actores políticos, sociales e incluso empresariales. Ello explica que la ciudadanía perciba que las autoridades electorales estén más interesadas en la frivolidad política y las negociaciones palaciegas que en el estudio a fondo de los litigios electorales. Existe la urgente necesidad de corregir esta situación para defender la autonomía del instituto electoral.

    Los diputados que hoy participan en la selección de los nuevos consejeros electorales también deberían estar sujetos a estrictas reglas para evitar un posible conflicto de interés. Por ejemplo, los legisladores que sean posibles candidatos presidenciales para 2012 tendrían que excusarse desde ya de participar en el proceso en curso. De otra forma, podríamos observar el desafortunado escenario en que alguno de los precandidatos compre la lealtad personal y directa de un integrante del organismo que organizará su elección. El caso más llamativo de esta situación lo representa nada menos que la actual presidenta de la Junta de Coordinación Política, Josefina Vázquez Mota.

    Finalmente, la convocatoria para la renovación parcial del Consejo General señala que "no podrán llevarse a cabo entrevistas o reuniones con aspirantes o candidatos fuera del Procedimiento de esta Convocatoria". Tal como está redactada, esta disposición es letra muerta, ya que resulta simplemente imposible sancionar a un diputado que no la cumpla. En lugar de prohibirles a los diputados reunirse con los candidatos, habría que prohibirles a los mismos candidatos buscar contactos con los diputados, so pena de llegar a ver su candidatura invalidada de inmediato.

    El IFE ha seleccionado a Carlos Salinas de Gortari, uno de los ex presidentes más corruptos y autoritarios de México, como uno de los oradores principales para el XX aniversario de la institución. ¡Valiente forma de ganarse la confianza ciudadana! Hoy como nunca urge tomar algunas previsiones básicas para conjurar la posibilidad de otra crisis histórica durante las elecciones de 2012.

    www.irmaerendira.blogspot.com

    Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia de la UNAM.



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