Opinion

México no encontró la manera de reformar a la policía desde un plano de colaboración entre los tres niveles de gobierno. En 1995 el entonces presidente Zedillo creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y dio a conocer el primer plan nacional en la materia. De ahí a la fecha la auténtica transformación nacional de las instituciones policiales se aplazó. Así podrá comprobarlo quien se tome la molestia de contrastar el diagnóstico de aquel plan con los problemas que el presidente Calderón incluye en la iniciativa que acaba de presentar para crear el mando único policial. La noticia es triste: el tiempo pasó, las reformas y el crecimiento de fondos nunca pararon y en general la policía está tanto o más lejos del ciudadano. En unos cuantos párrafos, la iniciativa de Calderón nos explica algo de lo que se ha hecho para fortalecer a la policía municipal, luego leemos que “los resultados no han sido los esperados”, para luego enterarnos que siete de cada diez policías municipales sólo cuentan con educación básica y menos de la mitad obtiene resultados favorables en la evaluación de confianza.

¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que en 15 años no se hayan logrado neutralizar las disparidades estructurales de las que hoy nos habla Calderón, justo como antes lo hizo Zedillo? ¿Cómo puede ser que ni siquiera tengamos experiencias documentadas que podamos —la policía y el público— considerar modelo de coordinación policial en alguna parte del país? La pregunta de fondo es obligada: ¿qué hizo el SNSP de 1995 a la fecha? En los Diálogos por la Seguridad convocados por el Presidente propuse, entre otras cosas, implementar una evaluación sobre el impacto del uso de los recursos financieros destinados a ese sistema, desde el inicio de operaciones a la fecha. No hay disponible al público un autodiagnóstico del sistema y tampoco, que yo sepa, se ha encargado hacerlo a algún actor externo; en todo caso, la propuesta de unificación policial por sí misma permite afirmar que no se lograron los objetivos rectores.

Es esencial aquilatar el hecho de que la iniciativa presidencial no acude a experiencia policial ejemplar alguna en México. Es decir, no hay un referente disponible que le sirva a Calderón para proponer un camino inspirado en aprendizaje acumulado y prácticas policiales exitosas, o al menos prometedoras. Cuando menos no lo hay en el texto que envió al Senado. Pero puedo afirmar que quienes estudian estos temas no han logrado acceder a reportes que arrojen lecciones aprendidas desde procesos maduros de reforma policial en nuestro país. Supimos recientemente que el avance de evaluaciones de control de confianza en las policías estatales equivale al ocho por ciento. Tal vez la proporción no permite concluir de qué están hechas esas policías en la materia, pero sin duda nos permite concluir que los gobiernos estatales no han mostrado la capacidad y compromiso mínimos necesarios con esas evaluaciones. Ese solo dato oficial provoca escalofríos cuando encontramos que en los gobernadores recaería el nodo de responsabilidad del nuevo modelo, en caso de ser aprobado.

México cayó en una enorme trampa al haber aplazado la reforma policial. Y esa decisión la han venido asumiendo quienes toman cargos de elección popular y deciden coexistir con instituciones policiales incapaces de la autocorrección profunda para lograr trabajar con la ciudadanía. El gran déficit del país en este tema se llama falta de liderazgo político para la reforma policial y la extraordinaria fuerza que hoy tiene la resistencia policial al cambio se nutre precisamente de aquélla. La trampa en la que estamos nos ha ido quitando alternativas y el problema policial es nacional, no es municipal. En el fondo, si la reforma de Calderón pasa, pero no se modifican los estándares de rendición de cuentas de quienes tienen el mando político y operativo de la policía, así como del propio SNSP, en 15 años estaremos hablando una vez más de lo mismo. Espero que no sea el caso.

Director del Instituto para la Seguridad y la Democracia