Opinion

Una de las mayores debilidades de los regímenes autoritarios es la falta de aplicación de un sistema legal que le garantice a la sociedad la seguridad necesaria frente a los delincuentes. En las dictaduras de todo tipo, la ley termina supeditándose a la voluntad del individuo que ejerce el poder, el cual tiene la capacidad de aplicarla a discreción. El régimen construido por los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, estableció un sistema jurídico que formalmente se basaba en leyes y reglamentos destinados a preservar el orden en el marco de una inexistente democracia real. Esto ocasionó la subordinación total de ministerios públicos y jueces al poder político del presidente en turno y de sus funcionarios de distintos niveles.

La transición mexicana a la democracia se centró fundamentalmente en la paulatina modificación de la legislación electoral, para poder acceder finalmente a comicios equitativos y creíbles a nivel federal. La alternancia del 2000 no implicó modificación alguna al marco legal propio de una estructura autoritaria y supeditada a un presidente todopoderoso. Así, con un primer mandatario que iba perdiendo poder político frente al Congreso y los gobernadores, el Poder Judicial conseguía también márgenes mayores de autonomía pero con leyes y reglamentos propios del viejo régimen.

Así, el sistema legal sobrecargado de asuntos que anteriormente se resolvían a través de la orden de un funcionario poderoso, está hoy atado de pies y manos a una burocracia que, basándose en regulaciones obsoletas, tarda enormidades en resolver conflictos y se convierte en una trampa permanente para todo aquel que requiere los servicios de los aparatos judiciales. La ley en México sigue siendo prerrogativa de aquellos que tienen mucho dinero para aceitar el sistema y obtener la justicia expedita, y un infierno para el ciudadano común y corriente envuelto en la maraña legal de abogados, ministerios públicos y jueces comprometidos más con el poder y el dinero, que con su trabajo profesional.

El clima de violencia y la inseguridad que se vive en el país, han aumentado la presión sobre el sistema legal, aún más cuando el crimen organizado tiene la fuerza suficiente para hacer de muchos de los órganos legales, instrumentos a su servicio. Los criminales tienen hoy más garantías que los ciudadanos comunes y corrientes, y su capacidad para superar los obstáculos jurídicos rebasa con mucho la fuerza del Estado. El abuso del amparo como forma de defenderse contra violaciones de la autoridad, mantiene paralizados cambios en la estructura económica en la medida en que este instrumento es un arma que beneficia en la mayoría de los casos a los grandes monopolios de este país.

La reciente aprobación de la ley antisecuestro, representa una probable camisa de fuerza para jueces complacientes y en algunos casos socios de los criminales. Habrá que ver hasta dónde la alta jerarquía legal es capaz de controlar a juzgadores que encuentren las eventuales fallas de la nueva legislación, para seguir liberando criminales sin recato alguno. En todo caso, y más allá de la honestidad o deshonestidad de los jueces, la burocratización de la justicia a través de la existencia de un sistema escrito que sigue haciendo de las toneladas de expedientes el símbolo más grande de su ineficacia, es el peor lastre de la justicia mexicana.

Los juicios orales son hoy un incipiente intento por modificar la obsoleta estructura legal, y la resistencia de jueces y magistrados por modificar de tajo su modo de operar, sigue generando más y más desconfianza en una ciudadanía que, si no le cree a los políticos, tampoco confía en los supuestos impartidores de justicia. Sin exagerar, México sigue siendo de una u otra forma un Estado de derecho débil y con pocas posibilidades de superar esta deficiencia. Para millones de mexicanos este sigue siendo un país sin ley.

Analista político