Opinion

El mensaje del Jefe de Gobierno ante la Asamblea Legislativa la semana anterior replanteó la cuestión medular de los derechos plenos para los ciudadanos de la capital. El primero: la autodeterminación política en condiciones semejantes a los demás habitantes de la República y el segundo: ser tratados con equidad por la federación.

La potestad de elegir a sus gobernantes y dictarse sus propias leyes no ha sido restituida sino parcialmente a los capitalinos. El proceso autonomista es paralelo a la transición iniciada en 1988 y en gran medida fue su detonador. La derrota en las urnas del partido oficial tuvo como epicentro la emergencia civil de la ciudad y de la zona contigua del Valle de México.

Por la reforma de 1928, el dictado militar de Álvaro Obregón privó a los ciudadanos de su derecho a la representación local, que habían tenido -bajo modalidades diversas- desde los inicios de la Colonia. Se instauró el control directo del Ejecutivo federal sobre el territorio y sus pobladores, en tanto pieza maestra del régimen autoritario.

El terremoto del 19 de septiembre de 1985 marcó el parte aguas en la relación entre los ciudadanos y el poder. Ante el colapso de la autoridad, la población se organizó para tomar en sus manos el rescate y la reconstrucción. Nació una nueva ciudadanía —particularmente joven— que anudada con movimientos sociales libertarios ha construido el paisaje humano de la ciudad.

A esa eclosión múltiple debimos la victoria electoral dilapidada. La izquierda definió sus propuestas en torno al reconocimiento jurídico de esa realidad. La Corriente Democrática demandó la “municipalización” de la ciudad, así como considerar el traslado de la capital a “una localización idónea y la reconversión del Distrito Federal en Estado”.

El Frente Democrático Nacional y el programa de la Revolución democrática desarrollaron el proyecto, que en algún momento se denominó: el Estado de Anáhuac. Lo inscribimos sin éxito en las negociaciones de 1989 y estuvimos a punto de alcanzar un primer esquema de autonomía en 1994, cuando el candidato presidencial de la izquierda desconoció los acuerdos en el Zócalo un 18 de marzo.

Como condición para embarcarnos en la reforma de 1996 planteamos la “devolución de derechos ciudadanos conculcados por razón de domicilio”. Esto es: los mexicanos en el extranjero y los habitantes del Distrito Federal. Ambos ofrecimientos se cumplieron de modo incompleto y por ello han vuelto al centro de la agenda nacional.

Los compromisos adquiridos el 25 de julio fueron rasurados en su tránsito por el legislativo. Están suscritos por los presientes de los partidos: Alberto Anaya, Felipe Calderón, Santiago Oñate y quien esto escribe. Firma como testigo de honor Ernesto Zedillo, quien al final cedió a los embates del aparato oficial.

Pactamos la aplicación del artículo 124 constitucional: “la Asamblea podrá legislar en todo lo relativo a la entidad, con excepción de las materias explícitamente reservadas al Congreso de la Unión”, lo que implica un orden jurídico regido por una Constitución local. No convenimos limitaciones externas al nombramiento de funcionarios ni a la contratación de deuda pública. Sí, en cambio “un régimen obligatorio de coordinación para entidades federativas y municipios limítrofes”.

La iniciativa de reforma al artículo 122 elaborada en la Asamblea y presentada por cinco partidos en el Senado restaura acuerdos originales y cubre lagunas no previstas. Dirime la cuestión municipal a través de demarcaciones con “identidad histórica y cultural”, gobernadas por órganos colegiados, y mantiene el carácter unitario de la hacienda pública.

Otorga garantías al funcionamiento de los poderes de la Unión, que cubrirán el costo de los servicios recibidos. Deja de ser distrito federal al desvanecerse su dependencia y en adelante sería sólo Ciudad de México. Una ciudad-estado, como las hay en todo el planeta. Tendrá que promover, sobre esas bases, un nuevo pacto fiscal con la federación, suficiente y equitativo.

El salto adelante que se intenta exigirá nuevamente la movilización de la sociedad, que confirme las señas históricas de una ciudad de vanguardia.

Diputado federal del PT