Opinion

De prófugo a diputado, ni duda cabe: uno la supo hacer y otros no. El jueves pasado terminó el suspenso y Julio César Godoy Toscano, la pieza más emblemática del proceso contra funcionarios del gobierno michoacano y diversos municipios de la entidad por presuntos nexos con el grupo criminal La Familia, rindió protesta como representante popular ante el Congreso de la Unión.

Lo que ocurre con Godoy —medio hermano de Leonel, gobernador del estado— reitera una constante: ni siquiera en aquellos asuntos que concentran la atención pública, la autoridad tiene la capacidad, la contundencia, para llevar ante los jueces a los presuntos implicados y lograr una sentencia condenatoria. Quizás no sea cierto, pero el flamante legislador que permaneció escondido desde mayo del año pasado respondió a la pregunta sobre dónde anduvo en estos 16 meses: “Estuve en mi casa… estuve de ocioso y visité a muchos amigos”. ¿No lo encontraron o no quisieron encontrarlo?

Burlando el cerco policial que se proponía cumplir una orden judicial de aprehensión, y gracias a la complicidad de legisladores perredistas que gozaron su travesura, Godoy ingresó hasta el salón de plenos y protestó como diputado federal, goza ya de fuero y, en consecuencia, como reza el Artículo 61 de la Constitución, es inviolable por las opiniones que manifieste en el desempeño de su cargo, y jamás podrá ser reconvenido por ellas. De inmediato estrenó esta prerrogativa. Durante una conferencia de prensa apenas unos minutos después de haber rendido protesta: “No soy delincuente”, afirmó, sino el objeto de “tonterías que inventó el gobierno federal”. La PGR, sintetizó, ha hecho “acusaciones tontas y pendejas”.

Aunque ganó la elección en el primer distrito de Michoacán, una suspensión de sus derechos políticos le impidió tomar protesta en septiembre del año pasado. Godoy Toscano tiene una orden de aprehensión emitida por un juez por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Pero, al tiempo, otro juez, el primero de distrito en la entidad, resolvió concederle la suspensión definitiva respecto al acto reclamado al juez noveno de distrito en materia penal, consistente en la suspensión de los derechos políticos. Esta resolución le restituye los derechos políticos, no obstante que el artículo 38 de la Constitución establece que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: “V) Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal”.

El michoacanazo se le ha caído al gobierno federal porque las autoridades ministeriales no pudieron armar una consignación. De los 34 arraigados, sólo uno permanece detenido. El viernes pasado fue liberado Miguel García, ex procurador de Michoacán, y apenas el martes salieron cinco más.

Acusaciones endebles, muchas de ellas derivadas de testigos protegidos, exhiben las penurias de la fiscalía federal para investigar y consolidar un expediente sólido. La lista de descalabros es larga. Sin embargo, el caso Godoy Toscano todavía no termina. La PGR ya informó que prepara la solicitud del juicio de procedencia para desaforarlo, detenerlo y consignarlo ante un juez por delitos contra la salud.

Detrás del desbordamiento delincuencial, de los levantones, extorsiones, secuestros y asesinatos de una ciudadanía desamparada, está la impunidad: casi el cien por ciento de los delitos que se cometen en México permanece sin castigo. El estado de descomposición de los sistemas de procuración y administración de justicia implica que son sólo unos cuantos los delincuentes que reciben sentencias condenatorias y las purgan en las cárceles. La única forma de inhibir la prepotencia criminal es mostrando con hechos que el que la hace la paga.

¿Es inocente Julio César Godoy Toscano de las acusaciones que lo vinculan con el crimen organizado? ¿Es víctima de persecución política o simplemente las autoridades han sido incapaces de probar los cargos? En algún momento tendrá que conocerse la verdad. Por ahora, lo único cierto es que desde la semana pasada tiene fuero y dieta, aunque esto no lo salve de la sospecha pública.

Posdata El editorial que publicó El Diario de Ciudad Juárez el domingo 19 de septiembre no es una capitulación ni una derrota, como se pretende leer desde el gobierno, sino una de las denuncias más terribles y comprometidas que se hayan hecho a los gobiernos federal, estatal y municipal por el estado desastroso de la seguridad pública y el sistema de procuración de justicia.

www.twitter.com/alfonsozarate

Presidente del Grupo Consulto Interdisciplinario