Opinion

El pasado 23 de septiembre, más de 20 organizaciones de la sociedad civil fueron invitadas por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara, para dar continuidad al compromiso presidencial expresado en los Diálogos por la Seguridad, encaminado a construir una agenda de evaluación de resultados, rectificación de las acciones que no han funcionado y construcción de una política de Estado. A los Diálogos por la Seguridad, primero, y a la sesión de septiembre, segundo, asistí en representación de Insyde animado por tres convicciones: a) las políticas y las instituciones responsables de la seguridad pública requieren una revisión profunda y modificaciones de mayor alcance, b) los gobiernos federal, estatales y municipales no están mostrando actitudes y capacidades propias para evaluar y corregir, y c) en el conocimiento y la experiencia internacional comparada en la materia, invertir los mayores recursos y esfuerzos posibles en la construcción e implementación de propuestas, desde planos de colaboración entre autoridades y actores independientes, se reconoce como una de las prácticas más exitosas y productivas.

No conozco escenario sencillo para avanzar en esta colaboración; por el contrario, los retos y dilemas son enormes, ya que con mucha frecuencia los diagnósticos de la autoridad y de la sociedad civil no coinciden y, por lo mismo, las propuestas de solución tampoco. El desafío es justamente construir desde las coincidencias, pero también y principalmente desde las diferencias. En la perspectiva de Insyde, el cambio estructural, integral y profundo de las políticas y los cuerpos de seguridad pasa por el diseño e implementación de sistemas de transparencia y rendición de cuentas. A esto nos dedicamos y, desde ángulos de análisis varios, marcos teóricos y metodologías diversas, llevamos propuestas técnicas concretas que en ocasiones ganan terreno y en ocasiones no.

Hemos asumido una premisa grave: las capacidades del Estado mexicano para rendir cuentas a la ciudadanía son, en el mejor de los casos, sumamente débiles. Peor aún, las resistencias frente a esta agenda pendiente de la democracia están diseminadas de manera reticular en el aparato burocrático. En nuestra perspectiva, esto es inaceptable y por ello trabajamos todos los días por la inserción de este principio irresuelto en la agenda de la reforma democrática de las políticas y los cuerpos de seguridad.

En los próximos días, el Presidente presentará la iniciativa de reforma constitucional que contiene un nuevo esquema de distribución de competencias policiales. Se trata de la propuesta conocida como “unificación policial”. La información más reciente me permite afirmar que se intentará avanzar hacia un esquema mixto que combinará la concentración del mando policial en las entidades federativas, con la permanencia de algunas instituciones policiales municipales. Sea cual sea el texto concreto que se lleve al legislador, y más allá de compartir o no el que se promulgue, el reto fundamental está, como siempre, en la armonización de los principios precisamente constitucionales de actuación policial, que por cierto, desde el 2008 incluyen el respeto a las garantías constitucionales y las prácticas de quienes integran las instituciones policiales.

Sea cual sea la reforma constitucional y legal de las normas que regulan a estas instituciones, el enorme, complejo y difícil desafío está en el cambio efectivo de los procesos de trabajo del día a día y ello pasa por la inserción definitiva de la transparencia y la rendición de cuentas, reto que no logrará superarse sin la construcción de coaliciones técnicas, amplias y sostenidas a través del tiempo. Justo por lo anterior, a la invitación presidencial y del secretario ejecutivo, el instituto respondió con propuestas inspiradas en el conocimiento especializado y las buenas prácticas internacionales asociadas a estos temas. Una de ellas es la instalación de la mesa técnica sobre modelo policial, misma que fue aceptada. Seguiré informando.

Director del Instituto para la Seguridad y la Democracia