Opinion

¿Qué hubiera pasado si el gasto público en el agro hubiera priorizado la inversión en la economía campesina durante las últimas dos décadas? ¿Cuántas familias hubieran evitado la necesidad de separarse y arriesgar todo al cruzar la frontera?

A principios de los 90, los promotores del TLCAN reconocieron que abrirse a las importaciones de granos subsidiados de EU desplazaría a miles de pequeños agricultores, pero esperaban que estos encontrarían empleos en la industria o en los servicios urbanos. Finalmente, las ciudades generaron mucho menos empleo del que se pronosticó. Los empleos en agricultura en México disminuyeron 20% entre 1991 y 2007, de acuerdo con los censos agrícolas. En cambio, mucha de la población rural terminó emigrando a los EU.

No obstante, si observamos sólo los pagos directos de subsidios compensatorios ligados a la integración comercial entre 1994 y 2009, el gobierno gastó en apoyar al sector de los granos y semillas oleaginosas, incluidos por lo menos 20 mil millones (en dólares de 2009); esto sin contar otros subsidios que favorecen a los grandes y medianos productores comerciales, como el subsidio al agua, la electricidad para el bombeo, el crédito y la compra de bienes de capital, como tractores. En un estudio reciente, diversos investigadores, como Mauricio Merino y John Scott del CIDE, nos preguntamos: ¿a dónde se fueron esos subsidios? Y, ¿qué tan transparentes son?

Si bien pudo haber “desvíos”, el problema fundamental ha sido la concentración sistemática en un número reducido de productores ya capitalizados, la mayoría concentrados en unos cuantos estados del norte. El mismo Banco Mundial documentó en su poco conocido Análisis del gasto público en el desarrollo agrícola y rural que “el gasto en agricultura es extremadamente regresivo: más de la mitad se concentra en el decil más rico”.

Las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública permiten obtener información valiosa y con ella observar las tendencias generales. Aún así continúa siendo difícil determinar “quién recibe qué” con precisión debido a la forma en que el gobierno presenta la información oficial sobre subsidios a la agricultura y a que subestima al grado en el que los recursos públicos se concentran en pocas manos. Por ejemplo, la mayoría de los padrones de los programas de subsidios de ASERCA sólo se divulgan en archivos PDF protegidos y sin claves universales de beneficiarios. Lo anterior hace imposible el análisis de hasta qué grado los mismos productores concentran los apoyos de los numerosos programas. Por su parte, la transparencia de los grandes programas de inversión agrícola descentralizadas se topa contra la pared de la opacidad de los gobiernos estatales. Todas las fuentes de datos oficiales ignoran uno de los problemas más serios de Procampo (el programa de subsidios que se supone debe llegar a los campesinos): la mayoría de los productores minifundistas están excluidos de sus modestos beneficios.

Nuestro estudio también muestra que los subsidios a productores comerciales sí lograron un impacto poco reconocido, pues estimularon un crecimiento inesperado en la producción nacional de maíz blanco. Esto se debe en buena parte a que el programa Ingreso Objetivo protegió a un número reducido de grandes y medianos productores

Al mismo tiempo, el gasto oficial para promover el “ordenamiento de los mercados” aún no ha logrado su clara optimización. Resulta que la apertura del TLCAN al maíz importado más barato no se haya traducido en un beneficio claro para los consumidores de maíz dado que los precios urbanos de la tortilla han aumentado a una tasa mucho más elevada que el precio del maíz importado.

Nuestra revisión de los montos y las prioridades del gasto agrícola a partir del TLCAN revela que las pérdidas en el empleo agrícola no se explican simplemente por una falta de recursos. El análisis de John Scott muestra que no hay relación entre la asignación de los subsidios y el fomento al empleo agrícola. El crecimiento del número de trabajos temporales para jornaleros en el sector agroexportador no compensó la pérdida de empleos en la economía campesina. Pero, la gran mayoría de los empleos agrícolas está todavía en la economía campesina. El hecho es que los criterios principales para la asignación de subsidios agrícolas no han incluido precisamente el fomento del empleo en el campo.

Profesor de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad de California, Santa Cruz