Opinion

Llegará al Congreso de la Unión la discusión sobre la propuesta del presidente Calderón, encaminada a crear las policías estatales únicas. La propuesta ha generado discusiones a lo largo del país y en el interior del gobierno federal. Al día de hoy, se cuenta con al menos tres posibles textos constitucionales. La diferencia entre ellos radica en el grado de centralización del mando policial, bajo la autoridad de los gobiernos estatales. La reforma podría crear una sola policía o establecer mecanismos de intervención subsidiaria de la autoridad policial estatal sobre la municipal, y de la federal sobre la estatal. Tal vez se opte por un esquema que extinga o no las policías municipales, en función del grado de cumplimiento de estándares que sería sujeto a verificación estatal y federal. El Congreso tiene una responsabilidad nada menos que histórica. Una reforma poco reflexionada podría, aunque no se crea, empeorar las cosas aún más.

El primer paso para resolver un problema es definirlo. Todos pueden opinar lo que sea a partir de lo que creen que son los problemas de la policía y esto es muy importante porque tiene que ver con la percepción que se tiene de ella, pero muy pocos pueden opinar sobre los problemas de la policía con evidencias. Es así porque entre la policía y el “mundo exterior” existe lo que se conoce como la “muralla azul”. La policía ha construido desde siempre y en todos lados una frontera que en la mayor parte del mundo permite mirar muy poco lo que realmente pasa dentro de ella. Los policías comparten códigos diversos, entre los cuales destaca el código de silencio. Frecuentemente la “muralla azul” provoca distancia y desconfianza entre la sociedad y la policía. En México, desde que comenzaron a aplicarse los estudios empíricos que miden la confianza social hacia la policía, los resultados han sido negativos.

Canadá tiene, sin duda, instituciones policiales ejemplares y, sin embargo, un ex policía de ese país, con 12 años de experiencia operativa, me relató el manejo del respaldo político que hacen los mandos, fuera de la visibilidad del público. Un estudio demostró hace algunos años que la policía de Nueva York, a pesar de que pedía más recursos, sólo trabaja una mínima proporción de su jornada. El público no lo sabía.

Los legisladores federales que van a votar sobre el nuevo esquema policial nacional están detrás de la “muralla azul”. Salvo alguna posible excepción, no conocen las prácticas de la policía en México. Sin duda tienen percepciones formadas sobre trazos de información general, pero no cuentan con el mapa de procesos que describe las prácticas policiales. Un sencillo ejemplo: no tienen acceso al desastre que existe en los procesos de supervisión operativa donde, al igual que en la mayoría de las actividades, ni siquiera hay regulación básica de los procesos de trabajo. La ausencia del estudio anatómico de las prácticas impide a los legisladores definir los verdaderos problemas de la policía. Entonces, ¿qué intentan resolver con su voto? Más de un legislador dirá que el mando único garantiza coordinación. Un ex secretario de Seguridad Pública me comenta que esto es una fantasía, “el cimiento para una buena coordinación es el deslinde claro de responsabilidades y los instrumentos adecuados para el monitoreo y la evaluación”, afirma. El ex funcionario pone el dedo en la llaga. Los legisladores deben entender que el corazón de los problemas de la policía mexicana, de toda ella, la federal, estatal y municipal, es que la “muralla azul” no permite transitar hacia corporaciones monitoreadas y evaluadas, desde sistemas internos y externos de rendición de cuentas. Véase a la Policía Federal, la cual acaba de mostrar una falla masiva dando de baja o investigando a 1.5 de cada 10 de sus elementos. Vayamos a fondo. La clave de la reforma no es la unificación o fragmentación policial, es el control profesional y estandarizado de la gestión policial, el cual no sentará reales mientras en los dos niveles, la norma y las prácticas, no se dinamite la endogamia policial. Menuda responsabilidad de los legisladores.

Director del Instituto para la Seguridad y la Democracia