Opinion

“Los Zetas nos agarraron... Nos llevaron a un rancho muy grande, donde tienen a mujeres trabajando en la comida y en la limpieza. Ahí cayeron primero siete y luego cinco migrantes más… Al otro día, el patrón me mandó llamar. Pensé que me iba a matar. Me preguntó que si no tenía miedo. Me llevó a pasear en su troca y me quiso convencer de que trabajara con él. Me ofreció dólares, camionetas, drogas y mujeres, pero no acepté… A mí me querían con ellos porque me dijeron que necesitaban gallos como yo”.

Ese fue el testimonio que Álvaro Méndez le contó a Thelma Gómez Durán, reportera de este periódico, hace más de medio año. El migrante guatemalteco secuestrado por “zetas” —en Reynosa, Tamaulipas— logró escapar, pero pocos tienen tanta suerte. Por negarse también a colaborar, 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos fueron masacrados en un rancho del municipio de San Fernando, también en el norte de Tamaulipas. Sólo un hombre ecuatoriano pudo escapar a la matanza y, de no haber sido por él, quizá nunca nos habríamos enterado de este horror.

Lo que sí sabíamos, cuando menos desde hace medio año, y sabían las autoridades de Tamaulipas y federales, era que en esa región del país, los migrantes son extorsionados, vendidos a tratantes de personas o reclutados como sicarios.

Las organizaciones Humanidad sin Fronteras, Belén Posada del Migrante y Frontera con Justicia habían detectado desde 2008 la comercialización que los cárteles del narcotráfico hacían de los indocumentados. ¿No lo sabían las autoridades? Ese hecho sería lo suficientemente grave para preocuparnos. Lamentablemente todo indica algo peor: la nula capacidad del Estado para resolver la amenaza.

El 14 de diciembre de 2006, el presidente Calderón puso en marcha un programa de reordenamiento de la frontera sur del país, que incluía la creación de unidades mixtas de operación con Guatemala; la modificación de las formas migratorias para regular los cruces fronterizos, y un programa temporal de trabajo para guatemaltecos. Si acaso llegó a operar, a cuatro años de distancia, sus resultados son imperceptibles.

Ya se sabía de la tiranía de los zetas en el norte y de la anarquía en el sur. Lo alarmante no es sólo la matanza, sino la incapacidad del Estado para anticiparse a ella, ya no digamos tener alguna respuesta.

Desde hace años, la frontera norte de nuestro país se había mostrado indomable por la violencia y la descomposición social, pero la frontera sur, más silenciosa hasta ahora, resultó tanto o más descompuesta. Mal haríamos en volverla a olvidar.