Opinion

En México la mitad de la población no tiene seguridad social. Esta situación es inaceptable en un Estado que tenga como objetivo central garantizar los derechos de su población. Por ello, una de las grandes metas nacionales que nos debemos proponer en este año del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución es crear los cimientos de un Estado eficaz que garantice en la práctica, y no sólo en el papel, el acceso universal a la seguridad social.

A pesar de los importantes logros alcanzados por instituciones como el IMSS y el ISSSTE a lo largo de más de medio siglo, el actual sistema de seguridad social en nuestro país es injusto, incompleto e ineficaz. Es injusto porque margina a la mitad de la población más pobre del acceso a la salud, a la pensión para la vejez y del seguro de riesgos de trabajo. Es incompleto porque no ofrece seguro de desempleo. Es ineficaz porque el sistema está fragmentado en diversas instituciones, lo que genera duplicidades tanto de servicios como de beneficiarios que resultan en un aumento en los costos para brindar servicios. Los datos son contundentes: mientras en México los gastos administrativos de los servicios de salud alcanzan el 9.5% del gasto total en atención a la salud, en el Reino Unido y en Australia, países con atención médica universal, son apenas del 3% del total (OCDE, Reviews of Health Systems-Mexico, 2005).

Esta situación es aún más grave porque con la intención de atender a quienes no tienen seguridad social se han creado programas, como el Seguro Popular, que no han logrado traducir el empadronamiento de beneficiarios en efectiva prestación de servicios y han fragmentado, aún más, el sistema de salud y la política social. Además, como lo ha explicado Santiago Levy en diversos artículos, la coexistencia de dos esquemas de protección social fomenta la economía informal. Por un lado, se cobran cuotas a los trabajadores y a las empresas del sector formal para financiar a las instituciones de seguridad social, lo que en la práctica se traduce en impuestos al trabajo que llegan a alcanzar hasta el 35% del salario de un trabajador. Por el otro, se subsidian, con impuestos generales, programas sociales para los no derechohabientes, como el Seguro Popular, lo cual desincentiva el empleo formal.

En consecuencia, este esquema dual obstaculiza el crecimiento económico y frena la productividad, ya que las empresas informales tienen acceso limitado al crédito, la capacitación laboral y a tecnologías innovadoras. Además, la evasión de impuestos que se deriva de la informalidad debilita al resto de la economía por la insuficiencia de recursos hacendarios.

Para corregir esta situación, en este año de definiciones debemos plantearnos como una gran meta nacional la construcción de un nuevo Sistema de Seguridad Social Universal que garantice a toda la población acceso a los servicios de salud y otorgue una pensión a todos los adultos mayores del país. Un sistema en el que recibir atención médica de calidad y gozar de una pensión en la vejez no estén condicionados a la participación en el mercado laboral y sean un derecho de toda la población por el simple hecho de ser mexicanos. De igual forma, se debe garantizar que todos los trabajadores tengan seguro de riesgos de trabajo y seguro de desempleo.

Este nuevo Sistema de Seguridad Social Universal debe unificar el sistema de salud para alcanzar dos objetivos. Primero, que los usuarios puedan decidir la clínica y el médico de su elección para fomentar la competencia entre las instituciones de salud y mejorar así su calidad. Segundo, evitar que se dupliquen los servicios para poder reducir el costo total del sistema.

El nuevo sistema debe ser financiado mayoritariamente por impuestos generales, en lugar de cuotas que castigan el salario de los trabajadores y el esfuerzo de los emprendedores. De esta forma, toda la población, sin excepción, tendría pensión y acceso a la salud, al mismo tiempo que dejarían de existir barreras para acceder al trabajo formal, lo que aumentaría la calidad de los empleos, la productividad y el crecimiento económico.

Para hacer realidad este objetivo debemos abandonar la lógica de las pequeñas reformas sin sentido estratégico. Necesitamos una reforma integral en la que, a la par de la creación del Sistema de Seguridad Social Universal, se apruebe una reforma fiscal para poder financiarlo y se transforme la legislación laboral para poner en sintonía a empresas y sindicatos con un nuevo esquema de derechos universales y de mayor productividad.

En este año en que conmemoramos los acontecimientos que forjaron los dos primeros siglos de nuestra historia independiente tenemos la invaluable oportunidad de renovar nuestro pacto por la justicia social. Necesitamos un Estado eficaz en el que los derechos sean, sin excepción, una realidad para todos los mexicanos y en el que su financiamiento dependa de todos y cada uno de sus ciudadanos, de acuerdo con sus posibilidades. Aprovechemos la oportunidad de construir un Estado eficaz. Un Estado más productivo y justo.

Gobernador del Estado de México