Opinion

Argentina se convirtió esta semana en el primer país de América Latina, y tras Canadá, el segundo en el Continente Americano, en reconocer en todo su territorio a los matrimonios formados por parejas del mismo sexo y en garantizarles los mismos derechos que a las parejas heterosexuales. Con ello, el continente hace literalmente un sándwich en sus extremos norte y sur en el avance al reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo.

La presidenta Cristina Fernández impulsó valientemente la reforma para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo frente a la reacción del arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, quien escribió una carta a unas monjas carmelitas en la que decía que el tema del matrimonio gay era una “envidia del Demonio” y que por ello era una “guerra de Dios”.

En el terreno de los hombres y las mujeres, y como afirma el doctor Mario Pecheny, profesor de la Universidad de Buenos Aires, el matrimonio gay en Argentina ha sido el resultado de un trabajo intenso del activismo LGBT (lésbico-gay-bisexual-transgénero) que ha logrado posicionar a través de los años los temas de la diversidad sexual entre la sociedad y los distintos partidos políticos argentinos.

Antes de la ley del matrimonio, cuatro jurisdicciones argentinas tenían ya uniones civiles para parejas del mismo sexo (Buenos Aires, Villa Carlos Paz, Río Cuarto y Río Negro). Esta trayectoria institucional fue fundamental para que en la madrugada del 15 de julio, luego de un debate de más de 14 horas, 33 senadores votaran a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo en todo el país.

A diferencia de México, en donde el movimiento de la diversidad sexual está fragmentado, en Argentina las distintas organizaciones de la diversidad sexual se unieron en una estrategia que abarcó desde el cabildeo con legislaturas hasta recursos de demandas judiciales cuando parejas del mismo sexo acudían a solicitar una licencia de matrimonio ante un juez civil, como ocurrió con Alex Freyre y José María di Bello.

En otras palabras, el movimiento LGBT argentino ha sabido utilizar y combinar bien unidad con recursos de movilización, oportunidades políticas y los procesos de enmarque que fortalecen a los movimientos sociales y que se traducen en políticas públicas.

En el fondo de todos los debates que se han suscitado en Argentina, como en México, los opositores afinan sus argumentos y los desvían hacia un falso dilema: el tema de la adopción de menores. Falso dilema porque tanto en México como en Argentina las personas LGBT ya podían adoptar menores desde antes de las reformas al matrimonio civil. Por ello, ni la reforma al Código Civil en Argentina, ni la reforma al Código Civil del DF tocan los artículos referentes a la adopción. También, falso dilema porque una pléyade de estudios científicos concluye que no hay diferencias en el desarrollo de niños criados por parejas heterosexuales y homosexuales.

El matrimonio entre parejas del mismo sexo ha dinamizado a la sociedad civil en ambos países. Tanto entre los que apoyan la medida y la vemos como una cuestión de profundización democrática y de reconocimiento a la dignidad humana, como para quienes se oponen a este reconocimiento.

Al igual que en Argentina, México no es ajeno a la tendencia global de reconocer jurídicamente a las parejas del mismo sexo. La ciudad de México y el estado de Coahuila fueron pioneros en ese reconocimiento con la Ley de Sociedades de Convivencia, del 2006, y la de los Pactos Civiles de Solidaridad, en el 2007. En noviembre del 2009, la Ciudad de México se puso de nuevo a la vanguardia en América Latina al aprobar el matrimonio para las personas del mismo sexo.

Una acción de inconstitucionalidad de la PGR, impulsada desde Los Pinos, metió a la Suprema Corte de Justicia al tema. Los ministros de la Corte se pronunciarán sobre la constitucionalidad de las reformas al Código Civil del DF durante la primera semana de agosto.

En México, las organizaciones IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos así como Asistencia Legal por los Derechos Humanos presentaron ante la Suprema Corte de Justicia en junio pasado dos documentos, o Amicus Curiae, que apoyan los matrimonios entre parejas del mismo sexo con argumentos jurídicos.

Estos ejercicios son prueba de que el tema del llamado matrimonio gay activa a la sociedad civil, fortaleciendo a la democracia. Desde Argentina llega un avance más, que sin duda impulsará una ola de reformas en el continente, la llamada revolución arco iris que poco a poco entra en el terreno de lo humano. El mensaje está claro para los legisladores federales en México y para nuestra Suprema Corte. Todos somos humanos y todos necesitamos los mismos derechos. Es una cuestión de democracia, no una guerra de Dios.

Twitter @genarolozano

Politólogo e Internacionalista