Opinion

Si la lucha por el poder a través de elecciones supone ser el camino más civilizado para dirimir diferencias y confrontar adversarios, la presencia de este fenómeno junto con un clima de violencia provocado por el crimen organizado, se convierte en un coctel explosivo de alta peligrosidad. El problema del crecimiento de los grupos del narcotráfico en nuestro país, está estrechamente relacionado con el debilitamiento de las instituciones del Estado autoritario priísta a partir de la administración de Miguel de la Madrid, y de la ausencia de una estrategia alternativa por parte de los gobiernos panistas desde el 2000.

Las elecciones efectuadas ayer se dieron en este contexto, donde la lucha entre los partidos estuvo permeada por la violencia del narcotráfico en un esfuerzo por intervenir en los comicios de una u otra forma. Así, en estados como Tamaulipas, Sinaloa y Puebla, entre otros, las campañas estuvieron influidas por la presencia de criminales profesionales interesados no solamente en resguardar sus espacios económicos, sino también en garantizar la impunidad con la que operan en esos territorios. El asesinato de Rodolfo Torre representa la incursión directa del crimen organizado en la esfera política. No se trata de una represalia contra el Ejército o la policía federal. Es un crimen dirigido contra un candidato que era el virtual gobernador del estado.

Este ascenso en el nivel de violencia del crimen organizado, fue interpretado por la lideresa del PRI Beatriz Paredes como una consecuencia del clima de confrontación política en donde se involucra al propio Presidente de la República. Se trata de dos canales diferentes que, si bien corren en paralelo, no tienen una vinculación directa entre sí. La lucha por el voto provoca necesariamente el surgimiento de campañas negativas cuyo único límite es el que una ley pueda llegar a sancionar. Hasta ahora, el efecto de esta estrategia ha dado resultados efectivos para quienes la han utilizado en nuestro país. El triunfo de Calderón en 2006 no se explicaría sin la utilización de este medio.

La acción de los narcos no está ligada a este tipo de campañas políticas. Tiene que ver específicamente con su capacidad de disuasión y amedrentamiento, e incluso con el cobro de cuentas no pagadas por parte de quienes negociaron de una u otra forma con el crimen organizado. La aparición de grabaciones telefónicas, y las denuncias de enriquecimiento ilícito por parte de candidatos, son parte de la disputa política y no tienen vínculo alguno con violencia de los criminales.

El enojo priísta por la alianza PAN-PRD, producto de la convicción de que el apoyo brindado por los tricolores a Calderón durante el conflicto postelectoral de 2006 obligaba al PAN a dejarles libre el camino de aquí y hasta 2012, los ha llevado al extremo de equiparar las campañas de descalificación con los asesinatos del crimen organizado. En todo caso, el asunto de la violencia es corresponsabilidad del gobierno federal y las autoridades estatales, la gran mayoría de ellas de filiación priísta, y el intento por vender el apoyo parlamentario a cambio de dejarles libre el camino hacia Los Pinos, es un precio demasiado alto que ningún gobierno de cualquier signo estaría dispuesto a pagar.

Queda claro que restablecer los mecanismos de negociación entre el PRI y el gobierno federal panista parece una tarea imposible de lograr, aún más cuando a partir de hoy se inicia la carrera contra el tiempo frente a la elección en 2011 en el Estado de México, y la presidencial un año después. Los cálculos que cada partido haga estarán condicionados por su proyecto electoral a mediano plazo. Pero lo que resulta inaceptable es sostener que la guerra contra la delincuencia organizada esté limitada por estos factores político-electorales. Considerarlo así, es abrir la puerta para que los narcos obtengan la fuerza suficiente como para postular un candidato propio en 2012. De este tamaño es el peligro que enfrentamos.

Analista político