Opinion

No nos confundamos, las conversaciones que un servidor público sostenga durante horarios de trabajo con otros funcionarios sobre el uso de recursos del estado no son "comunicaciones privadas", sino información pública. Los reclamos del PRI sobre la divulgación de las grabaciones de Fidel Herrera y Ulises Ruiz son una cortina de humo que revelan un desconocimiento de las leyes y los principios más elementales en materia de transparencia y rendición de cuentas. El problema central no es que todo mundo hubiera escuchado a los gobernadores en ejercicio de su "pinche poder", sino que hasta hoy éstas sean las únicas conversaciones a las cuales los ciudadanos hayan tenido acceso.

De acuerdo con el "principio de máxima publicidad" plasmado en el artículo 6 de la Constitución, toda información sobre las actividades gubernamentales es pública a menos que ella figure de manera explícita en alguna causal de reserva. En las conversaciones grabadas y divulgadas en días pasados no hay nada que amerite estar reservado por la ley. Aquí no se ha puesto en riesgo la vida de ciudadano alguno, ni se ha afectado la seguridad nacional, la estabilidad financiera o económica del país. Tampoco se han revelado datos confidenciales de nadie. Las conversaciones son motivo de vergüenza y escándalo para sus protagonistas al quedar desnudados como posibles autores de delitos electorales. Pero, por fortuna, el deseo de encubrir violaciones a la ley aún no es una causal de reserva.

A partir de la entrada en vigor de las diferentes leyes de transparencia los gobernantes han ido encontrando salidas de emergencia para incumplir la norma. Una de las más comunes ha sido la de reducir la "documentación" de sus decisiones públicas. En lugar de redactar memorándums o correos electrónicos, los políticos prefieren conversar por teléfono para no dejar rastros de sus acciones. En consecuencia, el índice de "inexistencia" de los documentos públicos ha aumentado año tras año.

Pero sería una grave equivocación imaginar que las leyes de transparencia sólo cubren el acceso a los papeles contenidos en los archiveros de las oficinas de gobierno. Nuestras leyes son de "transparencia", y no sólo de "acceso a documentos", porque buscan ir más allá de la palabra impresa. Por ejemplo, el artículo 3, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que los "registros" sujetos a la ley "podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático y holográfico". El artículo 3, fracción III, de la ley correspondiente para Oaxaca reproduce el mismo contenido.

Los gobernadores tampoco pueden ampararse en la nueva generación de leyes de protección de datos personales que están en proceso de aprobación en el país. Estas normas no están diseñadas para esconder las "conversaciones privadas" de los funcionarios públicos, sino para proteger la información personal de los ciudadanos. El fin de estas leyes es defender a la sociedad en contra del abuso de sus datos por empresas o el gobierno, no para blindar a los gobernantes de la fiscalización ciudadana.

Así que en lugar de perseguir a las personas que grabaron las conversaciones de Herrera y Ruiz, habría que exigirle a estos gobernadores que, en cumplimiento con las leyes de transparencia, graben todas las conversaciones que sostienen en horarios de trabajo y que tratan asuntos oficiales. Fernando Gómez Mont se equivoca al compartir con el gobernador de Oaxaca su "justa indignación" por la divulgación de las conversaciones. Si tomara en serio su cargo exigiría a los dos gobernadores que rindan un informe pormenorizado sobre su participación en las elecciones locales e instar a la Fepade a investigar los probables delitos electorales cometidos por estos dos mandatarios locales.

Ya es hora de que los gobernantes se acostumbren a la naturaleza "panóptica" de la modernidad que Foucault describiera espléndidamente. Uno de los elementos esenciales de las sociedades modernas es que los ciudadanos están constantemente vigilados y observados. Las principales ciudades del país hoy cuentan con miles de nuevas cámaras de vigilancia que captan cada uno de nuestros movimientos. Cualquiera que tenga una cuenta en Facebook puede indagar en la vida privada de millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, los servidores públicos en general, y en particular los feudalistas gobernadores de este país, todavía no se han acostumbrado a la nueva realidad. Como mirones temerosos, prefieren observarlo todo, pero no sin ser vigilados por nadie.

Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.