Opinion

Encerrado en políticas de seguridad pública y policiales inspiradas en modelos caducos de corte represivo, México cae en una espiral de violencia que, a la manera de una acelerada metástasis, ocupa progresivamente el tejido social a lo largo del país. Mientras, salvo tímidas excepciones, los gobiernos municipales, estatales y federal esconden su incapacidad de enfrentarla con un discurso según el cual, frente a lo que ellos hacen, “no hay alternativas”. Los operadores políticos e institucionales se juzgan a sí mismos como dueños de la única opción viable, apoyados muchas veces por periodistas y algunos de los llamados líderes de opinión que, aunque jamás han estudiado el tema, se solazan validando la idea de que las acciones oficiales representan la única propuesta creíble. Y desde tal absurdo, atestiguamos una ominosa paradoja: a mayor delincuencia, violencia e inseguridad, es decir, a mayor evidencia del fracaso de las políticas públicas vigentes, las autoridades no acuden más, sino aún menos a las visiones diferentes que podrían ayudar a cambiar el rumbo. Así, el soliloquio oficial nos sigue llevando de la mano en esta espiral que ya rebasa las peores fantasías. En términos de política pública, en nuestro país y en otras parte de América Latina y el Caribe, la mayor de las víctimas de tal cerrazón es la prevención de la violencia y el delito, concepto en boca de todos pero que casi nunca logra carta de ciudadanía en la toma de decisiones y en el uso de los recursos públicos. En México esto se explica principalmente por la persistencia del control policial sobre la seguridad pública, control que precisamente impide “despolicializar” la agenda para llevarla a un plano efectivo de intervenciones multiagenciales coordinadas.

En contraste a la cerrazón oficial que también se repite en otros países de la región, avanza un vibrante movimiento internacional a manos de organismos públicos internacionales, fundaciones privadas también internacionales y el sector académico que opera exactamente en sentido contrario, ya que pone a la prevención del delito en el centro de la recuperación de la seguridad. En este marco, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile (CESC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Open Society Institute (OSI) lanzaron el Primer Concurso de Buenas Prácticas en Prevención del Delito en América Latina y el Caribe. La iniciativa “constituye una primera experiencia piloto con vistas a fortalecer la identificación de acciones promisorias en un campo estratégico de política pública para toda la región”. El concurso busca recoger experiencias prácticas que de alguna manera proyecten o tengan resultados atacando las causas que originan la delincuencia. Se trata de identificar y fortalecer las propuestas alternativas a las ya conocidas en materia de persecución penal. El modelo técnico del concurso fue diseñado por el CESC, institución que lo construyó luego de haber analizado 150 proyectos, y reunido ya por cinco años a operadores oficiales e independientes en cursos regionales. En un hecho sin precedentes, el concurso hará un catastro de proyectos de prevención del delito, analizará sus principales dificultades, contribuirá a instalar prácticas evaluativas, promoverá el debido reconocimiento a los ejecutores, generará una red de consultores de proyectos y un acervo de conocimientos fundado en el trabajo empírico. La convocatoria está abierta hasta el próximo 2 de julio y puede encontrarse en las páginas del Instituto para la Seguridad y la Democracia (www.insyde.org.mx) y del CESC (www.cesc.uchile.cl). En mi calidad de miembro del Jurado Internacional, promoveré al máximo posible el aprovechamiento práctico en México de esta espléndida iniciativa.

Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C.