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Editorial EL UNIVERSAL

“Corazonadas” sobre el crimen

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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    21 de junio de 2010

    El gobierno federal ha dicho en varias ocasiones que las miles de ejecuciones registradas cada año en el país son en su mayoría producto de pugnas entre sicarios del crimen organizado. ¿Cómo pueden tener la certeza? En realidad no la tienen. Han investigado menos de 5% de los asesinatos acumulados en este sexenio. Hasta la fecha se desconoce cuáles de los ejecutados eran en realidad civiles inocentes lanzados al olvido con la recurrente frase: “fue un ajuste de cuentas”. Por más dinero que se le destine a spots y desplegados, si no hay congruencia ninguna política de gobierno conseguirá el tan demandado respaldo ciudadano.

    Incluso el presidente Felipe Calderón ha lanzado cifras sobre el tema sin referencia documental alguna. Desde febrero de 2009 hasta la fecha ha dicho que más de 90% de los homicidios y ejecuciones relacionadas con el crimen organizado pertenecen a miembros de las mafias. Apenas en abril pasado repitió la aseveración. El problema es que algo tan importante como la rebautizada “lucha por la seguridad” no debería conducirse bajo criterios subjetivos y apreciaciones personales, aunque por casualidad estén acertadas. El costo de vidas en una pugna armada se incrementa cuando se elaboran diagnósticos a la ligera.

    Se entiende que la Procuraduría General de la República (PGR) no tenga la capacidad para investigar a profundidad las 22 mil muertes asociadas con el crimen organizado en lo que va del sexenio. Es de suponer, por lo tanto, que el resto de las mil 200 averiguaciones previas —más de 20 mil— estén en manos de las procuradurías estatales. Por desgracia, la situación en las entidades es la misma o peor que en la PGR, no sólo porque se niegan a involucrarse en delitos que —dicen para justificarse— son del fuero federal, sino porque carecen de una capacidad de indagación seria, metodológica y científica. Frente a tal déficit, lo primero que tendría que hacer la Federación es poner el ejemplo.

    Para obtener el respaldo de la opinión pública en este tema y para que la sociedad vea lo necesaria que es la “lucha contra la inseguridad”, el gobierno federal debe empezar por la congruencia. En lugar de intentar convencer a la gente de que los muertos son intrascendentes por tratarse de sicarios, el Presidente podría mostrar que al menos los asuntos de relevancia pública sí son investigados de manera objetiva.

    Los casos de los estudiantes del Tec muertos en un fuego cruzado en Monterrey y de los niños asesinados —según los indicios— en un retén militar en Tamaulipas representaban la oportunidad perfecta para mostrar esta congruencia.

    Al seguir explicando a priori toda ejecución como un “ajuste de cuentas” entre criminales se brinda un manto de impunidad a los agresores y se erosiona la credibilidad de la necesaria lucha contra la inseguridad.



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