Opinion

De los 6 mil millones de habitantes que hoy viven en el planeta, 1.8 mil millones tienen acceso a internet y 3.6 mil millones usan teléfono celular, lo que significa que 73% de la población mundial carece de conexión a internet y que 53% no posee un teléfono móvil.

El rezago digital que aún existe en el mundo es gigantesco, pero hoy es una realidad que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han incorporado en casi todas las prácticas de la vida cotidiana, y la democracia no es excepción.

A finales del siglo XX los gobiernos mundiales protagonizaron, en mayor o menor medida, la adopción de internet y otras avanzadas tecnologías informáticas con el fin de optimizar los procesos en sus prácticas gubernamentales y políticas.

Así surgió el término de democracia digital (e-democracia) que ha sido definida por los científicos Hacker y VanDijk como la “colección de iniciativas para ejercer las prácticas democráticas sin restricciones de tiempo o espacio, utilizando las nuevas tecnologías como un aporte adicional y no como un reemplazo de las prácticas políticas tradicionales”.

La importancia que el proceso ha alcanzado llevó al estudio científico de las estrategias de gobierno apoyadas en las nuevas tecnologías y así es como hoy existen diferentes métodos e instrumentos para evaluar el éxito o fracaso de los procedimientos digitales en la gestión pública.

El modelo Gartner, por ejemplo, enfoca el estudio en la interacción entre ciudadanía y gobierno a través de cuatro fases:

Aparición en la red: contempla los datos proporcionados por la administración pública a los ciudadanos a través de una página web, tales como rendición de cuentas; toma de decisiones informada; evaluación crítica de los gobernantes, y construcción de confianza en las autoridades.

Interacción: entre el gobierno y el ciudadano. Los usuarios pueden hacer preguntas a través de correo electrónico o motores de búsqueda; pueden descargar todo tipo de formularios y documentos que le ahorren tiempo en los trámites institucionales a cualquier hora y desde cualquier sitio con conexión.

Transacción: la complejidad y sofisticación de la tecnología es más avanzada, y en consecuencia, el valor brindado al ciudadano es mayor: pueden hacerse transacciones completas sin ir a una oficina de gobierno (desde pago de impuestos hasta voto en línea). Toma en cuenta mecanismos de seguridad y personalización como la firma digital. Demanda nuevas legislaciones para certificar procesos virtuales.

Transformación: se espera un punto de contacto integral para todos los servicios oficiales. Lo más complejo está en el lado interno de la gestión de procesos, pues implica la necesidad de un cambio drástico en la cultura de información y en las responsabilidades dentro de las instituciones.

Con mayor o menor intensidad dependiendo de la realidad analizada, estas iniciativas han logrado que la democracia digital aumente, diversifique y enriquezca las posibilidades de participación ciudadana en los procesos políticos.

Sin embargo todavía quedan diversas interrogantes a resolver: ¿La irrupción de las Tecnologías de la Información y Comunicación afecta o beneficia el ejercicio de la democracia? ¿Cómo logra el sector público credibilidad en la ciudadanía? ¿Cómo usar las TIC para lograr mayores niveles de compromiso, confianza, transparencia e inclusión?

Para dar algunas respuestas, se definen cuatro dimensiones estratégicas:

La transparencia de gobiernos para rendir cuentas y proveer información completa y confiable sobre las actividades pasadas, presentes y futuras.

La transparencia electoral que con el uso de la tecnología facilita el voto a través de urnas electrónicas, da seguimiento a las propuestas de los candidatos, permite el conteo y recuento automatizado de los votos, y la transmisión transparente del desarrollo y resultados de los comicios.

La evaluación y seguimiento de políticas públicas desde la ciudadanía, a través de estrategias y medios orientados al monitoreo y seguimiento de las instituciones en temas relacionados con organización, administración, ejecución y evaluación de proyectos.

El empoderamiento ciudadano que promueve el desarrollo de una confianza ciudadana en sus propias capacidades y derechos. Contribuye a consolidar una cultura de la ciudadanía virtual y bien informada, así como una sociedad civil globalizada y activa.

Es importante que al analizar un programa de e-democracia se precise la descripción de la ciudadanía a la que va dirigida la estrategia (género, rango de edad, etc.); se tomen en cuenta los factores críticos de éxito, las fuentes de financiamiento de la iniciativa; así como el nivel de conectividad y capacidad de uso de internet y/o de telefonía móvil de la población beneficiada.

Todavía está por verse en qué medida todas estas acciones se traducen, o no, en una democracia revitalizada a través de la “democracia electrónica”. El desafío principal no es escoger la tecnología correcta sino articular la incorporación de las tecnologías en la gestión pública con el grado de diversidad, madurez y capacidades de la sociedad civil.

Profesor-investigador de Flacso-México