Opinion

Hace ya décadas que muchos países cedieron su soberanía, en materia de política de drogas, a los EU, que ha marcado el sentido y el énfasis en la manera que la cuestión del consumo ha sido abordada por los diferentes Estados, al menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante las últimas tres décadas, EU impuso al mundo su idea de guerra contra las drogas como única opción para enfrentarlas, así en genérico, a partir de un rechazo moral a cualquier substancia que altere la percepción cerebral, con independencia de sus efectos sobre la salud.

El “just say no” de Nancy Reagan fue la síntesis de la política mundial hacia las drogas. Desde luego, la guerra a las drogas implicaba una guerra contra los que las trafican, con la consiguiente demanda de armas por todos los bandos, y el empleo de las fuerzas de seguridad en algo que justifique su crecimiento en número y poder. Reagan y los Bush se empeñaron en una política de combate a la oferta a través de represión y violencia, al grado de provocar que los narcos tuvieran que construir verdaderos ejércitos para enfrentar la represión. El mercado clandestino tenía una demanda sustanciosa que generaba incentivos positivos para tratar de controlarlo, aún a costa del enfrentamiento con el Estado, sobre todo en países con organizaciones con ventaja legítima en la violencia débiles, corruptas y sin capacidad técnica para enfrentar ejércitos con capacidad de corrupción enorme y con recursos para comprar armamento.

Todos adoptaron el enfoque guerrerista de los republicanos de EU. La ONU se comprometió en la guerra y ahí fueron a entramparse países enteros. Primero Colombia, ahora México, ¿después? Si de un conflicto armado se trataba, entonces las drogas se tenían que combatir con las fuerzas armadas, con represión, no con ciencia, educación y libertad. En muchos países, por suerte no en México, a los consumidores se les consideró como combatientes enemigos y se les volvió criminales por consumir.

Con Obama aparecieron señales de un cambio de política hacia las drogas. Nombró a un jefe de policía liberal —que entiende el daño social de las drogas, y conoce la diferencia entre éstas— jefe de la política hacia las drogas; dio tregua desde el gobierno federal a las leyes locales de legalización de la mariguana y ahora plantea una estrategia que aumenta la importancia de la atención a la demanda, a partir de prevención y resta énfasis en el combate a la oferta.

Como bien dice Ethan Nadelman, presidente de la Drug Policy Alliance, está claro que Obama quiere alejarse de la retórica de la guerra contra las drogas, pero su nuevo plan deja claro que es adicto a la realidad de la guerra de las drogas, pues en números 64% del presupuesto de la política de drogas seguirá destinándose a la represión del tráfico y el consumo, apenas algo menos que con su antecesor.

Pero al menos en EU comienza una nueva retórica, que convierte al tema en cuestión de salud pública, antes que de represión. Aquí, en cambio, Calderón sigue disfrutando de su guerra, con el reguero de muertos que deja. Y en lugar de propiciar enfoques científicos que promuevan estrategias exitosas para enfrentar con sensatez la cuestión, el secretario de Salud promueve un libro con verdades a medias, a partir de prejuicios y con información sacada de contexto o distorsionada sobre la mariguana.

No es la primera vez que Carmen Fernández, directora de los Centros de Integración Juvenil, hace gala de sus prejuicios y su ignorancia en el tema de la mariguana, pero ahora a través de su libro La legalización de la mariguana: ¿a qué costo?, se ha vuelto la portavoz de la respuesta oficial respecto a los reclamos sociales de legalización, que se materializan en siete iniciativas en las cámaras federales, y que buscan abrir una discusión informada sobre el tema. Frente a éstos, el gobierno federal, representado por Córdova, avala un estudio que no resiste el menor análisis académico serio. Claro que las opiniones científicas son lo de menos. Los políticos han paseado ya el texto en las dos cámaras, con apoyos tan autorizados como el del inefable doctor Kumate, aquel que cuando fue secretario de Salud puso todos los obstáculos posibles a una política basada en evidencias respecto a la propagación del VIH.

Qué diferencia ver a la doctora Herminia Pasantes, Premio Nacional de Ciencias, investigadora emérita de la UNAM, especialista en fisiología celular del cerebro humano, buscando la legalización de la mariguana y oírla responder, con base en conocimiento científico y no en las supercherías de Fernández, a preguntas sobre el daño que hace la mariguana al cerebro. Desde su perspectiva, nada sostiene la prohibición del cannabis para uso lúdico.

¿Estaría la señora Fernández dispuesta a someter su libro a un arbitraje científico serio? Está hecho con recursos públicos y lo menos que se le puede exigir a un Estado laico es que use los recursos sin prejuicios morales o religiosos. Si el libro de la señora pasa la prueba, bien; pero si no, es exigible la renuncia del secretario de Salud por apoyar el uso del dinero fiscal en la promoción de sus creencias.

Politólogo