Opinion

La fuga de 41 reos del penal de Matamoros, Tamaulipas, el 25 de marzo, y de otros 13, apenas unos días más tarde, el 4 de abril, en Reynosa —con lo que ya suman cinco, por lo menos, las fugas masivas desde 2002—, vuelve a poner en un punto focal el deterioro y la descomposición del sistema carcelario mexicano.

En los últimos años se han emprendido esfuerzos a nivel federal para depurar y modernizar a las corporaciones policiales, por actualizar las normas jurídicas endureciendo las penas, por crear nuevas instancias de coordinación entre la Federación y las entidades, pero muy poco se ha hecho con los centros de reclusión, que en México, así como en muchas otras naciones, incluido Estados Unidos, son verdaderas escuelas del crimen en las que son frecuentes los homicidios y hasta los “suicidios”.

En los penales se han encontrado y han tejido alianzas delincuentes de distintas especialidades, narcotraficantes y secuestradores, destacadamente. Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, conoció a Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, en el penal de “máxima seguridad” de La Palma, incluso se responsabiliza a ambos de haber ordenado el asesinato de Miguel Ángel Beltrán, El Ceja Güera, ocurrido el 6 de octubre de 2004. Otras acciones podrían haber sido planeadas por esta peculiar dupla a partir de que sus vidas se cruzaron al interior del penal. Lo mismo ocurre con los casos de extorsión vía telefónica que provienen de celulares desde los penales, lo mismo Santa Martha Acatitla, que Puente Grande u otros en distintas entidades federativas.

En los últimos años, se calcula que aproximadamente 100 reos escapan anualmente de los centros penitenciarios, aunque ninguno como el protagonizado por Joaquín, El Chapo, Guzmán Loera, quizás el más importante capo del narcotráfico, quien escapó del penal de Puente Grande el 20 de enero de 2001, cuando apenas habían transcurrido un mes y días del inicio del primer gobierno de la alternancia.

Las rejas y los esquemas sofisticados de seguridad sirven de poco ante la corrupción o la debilidad de las autoridades penitenciarias que llegan, incluso, a permitir el “autogobierno” que encabezan los reclusos más poderosos o temibles y que conduce al relajamiento de las normas más elementales de seguridad.

La posibilidad de dinero, placer y poder con el mínimo esfuerzo es un aliciente muy seductor para incursionar en la delincuencia, más aún ante condiciones de pobreza… y las cárceles no son un factor inhibitorio, en primer lugar, por la impunidad que prevalece en el país: es muy difícil que sean detenidos los delincuentes y, más aún, que sean sometidos a proceso e ingresen a un penal; pero incluso después, porque en el caso extremo, una vez dentro pueden tener condiciones de privilegio que hagan menos dura y prolongada su reclusión.

Ante la saturación de los penales, es imperativo ofrecer alternativas no carcelarias para quienes han cometido delitos menores y no son reincidentes (miles y miles de quienes pueblan las cárceles están allí por razones baladíes o por su pobreza); en segundo lugar, se debe reformar el sistema carcelario para incluir rigurosos exámenes de control de confianza para el ingreso y permanencia de autoridades y custodios de los penales, con la participación de las comisiones nacional y estatales de los derechos humanos y de organismos de la sociedad; en tercer lugar, apartar a los reclusos en proceso de los sentenciados y, también, separarlos de acuerdo con la naturaleza de sus delitos (en muchas cárceles conviven delincuentes de delitos menores, con otros de alta peligrosidad); en cuatro lugar, establecer actividades productivas y educativas para los internos, de manera que su alojamiento contribuya a su reinserción social y no implique costos para los contribuyentes.

Los frecuentes motines de internos expresan su protesta válida por las condiciones en que vive la mayoría: hacinados, con raciones pésimas; pero aún en las cárceles hay clases sociales: los poderosos pueden convertir su estancia en algo placentero o casi: con la disposición de suites con aparatos electrónicos de avanzada (pantallas de plasma, blue ray, celulares, Internet, etc.), visitas sexuales, la disposición de armas y otros privilegios que forman parte de la cotidianidad de los penales. Mientras tanto, los custodios lucran con todo ello y las autoridades administrativas son cómplices por acción u omisión.

Desde un enfoque integral, el sistema penitenciario es uno de los eslabones más importantes de la cadena delictiva; y justo allí es donde la acción del Estado parece más débil e ineficiente. Un frente, otro más, donde parece que vamos perdiendo la guerra.

Presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario