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Editorial EL UNIVERSAL

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    20 de abril de 2010

    De todas las bases de datos oficiales que existen en México, probablemente la más sensible es el padrón electoral, pues contiene la fotografía y domicilio de los registrados. Ningún listado puede colocar en situación de tanta vulnerabilidad nuestra privacidad como éste.

    Resulta que por mandato del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) el padrón electoral debe ser entregado en forma electromagnética a todos los partidos políticos con registro oficial. Es decir, a sus representantes ante el Consejo General del IFE, a sus dirigentes nacionales y, por ende, también a su militancia.

    De ahí que la apropiación del padrón por manos ajenas a los directamente interesados no es producto de una filtración ocasional o una fuga de información, sino de una catarata de acceso para todo aquel que con buenas y malas intenciones esté interesado en obtener una copia. No es extraño, entonces, que aparezca como uno de los contenidos estrella de la base de datos que se comercializa en Tepito, a razón de 12 mil dólares la copia.

    Ayer, el presidente consejero electoral del IFE, Leonardo Valdés, advirtió que presentará una denuncia contra quien resulte responsable por ponerlo a disposición del mejor postor en las calles de México, pues se está cometiendo un delito electoral que debe ser perseguido por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

    En efecto, no es el IFE quien ha de visitar a los amigos de lo ajeno de Tepito, sino la Procuraduría General de la República, a través de la FEPADE, que últimamente se dedica con mayor denuedo a encarcelar maestros rurales, que a perseguir a delincuentes tan serios como estos.

    Con todo, hay algo más que el IFE tendría que hacer: pedirle a los legisladores reformar el artículo 195 del Cofipe, de tal manera que la autoridad no esté obligada a entregar el padrón a los partidos para que se lo lleven a sus oficinas o casas, sino que se establezca un mecanismo de consulta abierta, tantas y cuantas veces lo requieran las organizaciones políticas, pero sin que esa base de datos tan sensible abandone las oficinas del Registro Federal de Electores.

    Si avanza en el Senado la iniciativa -ya aprobada por los diputados- de Ley sobre Datos Personales, muy pronto será el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) la autoridad para velar por los intereses de los mexicanos en esta materia, lo que será de extrema utilidad para establecer el marco de referencia sobre el cual se puedan investigar y sancionar los usos ilícitos de bases de datos como la del IFE e incluso las de establecimientos mercantiles.

    Tenemos como sociedad que actuar rápido y conjurar que se siga dando mal uso a la información de todos los mexicanos.



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