Opinion

Una economía sin competencia está a expensas de la ley del más fuerte. Los monopolios son el distorsionado resultado de permitir que sólo unos cuantos detenten el control de actividades y mercados sobre los que imponen precios y condiciones, en perjuicio de consumidores cautivos que no tienen otra que pagar el costo que se les exige.

También es la mejor manera de inhibir la diversificación de productos y la creatividad empresarial, en favor de quienes tienen cerrrada en su beneficio la economía, lo cual afecta naturalmente la competitividad. Si las empresas no tienen que competir no hacen esfuerzos para mejorar sus capacidades y sus ventajas competitivas.

La legislación propuesta reta fuertes intereses creados, pero es la única manera de hacer que nuestra economía sea más competitiva —ocupamos el lugar 60 entre 133 países en el índice respectivo del Foro Económico Mundial— y que los mexicanos dejemos de pagar bienes y servicios con un sobrecosto de 40% respecto a sus pares internacionales.

México tiene una larga historia de monopolios en sectores como la minería, ganadería o la concentración de tierras durante el siglo XIX; y en sectores como el de la telefonía, medios de comunicación y servicios financieros del siglo XX, a los cuales se opone una políticamente frágil Comisión Federal de Competencia (Cofeco), armada sólo de gran autoridad moral —lo cual no es cosa menor— para tratar de imponer, por las buenas, una legislación limitada en su capacidad coercitiva.

Por eso es un avance la iniciativa antimonopolios presentada ayer por el presidente Felipe Calderón, que propone cambios a la Ley Federal de Competencia Económica, al Código Penal Federal y al Código Fiscal de la Federación, que contempla sanciones administrativas, fiscales e incluso penales para quienes incurran en prácticas monopólicas, sean éstas absolutas o relativas.

Mejor todavía, la iniciativa presidencial dotaría a la Cofeco de la facultad para imponer sanciones precautorias, por lo que podría ordenar la suspensión inmediata de una práctica en tanto determina si es monopólica o no, lo que beneficiaría a las víctimas de la misma antes de que pase el tiempo total de la investigación, que suele ser de meses.

La Presidencia de la República ya cumplió, al proponer una iniciativa de avanzada en la materia. Toca ahora a los legisladores demostrar que están del lado de los mejores intereses de la República y no aliados a los poderes fácticos interesados en descarrilar una iniciativa como ésta.