Opinion

La cantidad se lee así: ciento noventa y cuatro mil quinientos millones de pesos y es el monto de recursos públicos destinados al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) entre 1996 y el 2010. Aunque la cifra es estratosférica, por sí misma en realidad no es alta o baja. Pero si hacemos algunos ejercicios de comparación y análisis, tal vez podemos entender mejor de lo que estamos hablando. Ese monto alcanzaría para reconstruir Haití y aún sobraría el 10%. O bien, se cubriría la mitad del costo para la economía de Chile a causa del reciente terremoto. Se pagaría la construcción en México de poco más de 620 mil viviendas de interés social. Si comparamos la cifra con la fortuna de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, tenemos que el Sistema ha jalado casi el equivalente al 30% de la mayor fortuna de que se tenga noticia hoy día.

Veamos otro ángulo. Al Sistema Nacional de Seguridad Pública se ha ido el monto necesario para pagar ocho años del presupuesto de la UNAM, para construir nueve líneas del metro o para pagar 4.6 millones de becas de licenciatura. Se podrían cubrir 116 años del presupuesto para la Presidencia o 216 años del que necesita la CNDH. Con la cifra señalada se pagarían casi 190 millones de mastografías (en México muere una mujer cada hora por cáncer de mama). Si la comparación la hacemos contra el propio aparato policial y penal, tenemos que lo destinado al Sistema permitiría pagar el déficit salarial de las policías locales por más de 12 años, o 50 años del presupuesto de la PGR a para el combate al narcotráfico.

La enorme cifra es resultado de una inercia incesante que suma a todos los gobiernos, fundada en la idea de que a mayores recursos, mejores serán los resultados. En el mundo se conoce a esto como modelo incremental y sucede por todas partes, es decir, las policías y los sistemas de justicia penal siempre piden más dinero. Lo que no sucede con frecuencia es que el dinero crezca a pasos agigantados, los resultados no lleguen y, sin embargo, el dinero siga creciendo. Mi hipótesis es que el caso de México no tiene precedentes en el mundo en cuanto a la relación entre recursos otorgados y resultados conseguidos (la investigación comparada internacional permitirá comprobar o refutar esta hipótesis). El dinero llegó, pero la seguridad no; por eso es válido comparar y preguntarnos si las carretadas de recursos públicos hubieran servido mejor en otras agendas o sectores públicos.

Un peso para la seguridad pública no es malo o bueno en sí mismo. Lo es en función de un método de evaluación que permite saber si ese peso sirvió para lo que se destinó. Y justo aquí aparece el enorme vacío que encontramos cuando nos damos cuenta que, en la inmensa mayoría de los casos, los tomadores de decisiones están desconectados del circuito nacional e internacional especializado en la evaluación de proyectos de seguridad ciudadana. Dicho en otros términos, el dinero se fue al SNSP sin filtros de racionalidad que aseguraran el impacto adecuado. Es como si se hubieran pagado las nueve líneas del metro y luego no supiéramos cómo se hicieron o incluso si se hicieron o no.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública es una caja negra. El Congreso de la Unión nunca ha hecho su trabajo en la fiscalización real y profunda de un flujo de recursos que sería el sueño de cualquier gobierno profesionalizado en la construcción de proyectos de seguridad. Tampoco ha entrado institución académica u organización de la sociedad civil alguna, a medir los recursos contra los resultados. Así, mientras en México tenemos década y media inflando la bolsa del dinero, en otros países ven cómo le hacen para mejorar a la policía sin un peso más de recursos. Es el caso, por ejemplo, de la experiencia a principios de la década en el Perú con el entonces Ministro de Interior Gino Costa, quien con medidas de eficiencia y control de la corrupción acumulaba algo más de fondos para invertir en la modernización policial.

Las evidencias muestran que los ciento noventa y cuatro mil quinientos millones de pesos no le han redituado al ciudadano en su seguridad. Tal vez podemos discutir qué es lo que realmente puede hacer el Estado frente a la delincuencia, la violencia y la inseguridad, pero esa cantidad no ha servido siquiera para que hoy confiemos más en la policía que hace 15 años. Tenemos un desastre descomunal en el uso de los recursos públicos. ¿A alguien le importa? (Agradezco a Edgar Baltazar el apoyo en el análisis presupuestal comparado).

Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC