Opinion

La alfabetización es más que enseñar a leer y a escribir: es dar herramientas para pensar, para participar en la vida social, para comunicarse con la propia comunidad y con el entorno, para fortalecer la autonomía personal y desarrollarse individual y socialmente. Tiene que ver con la posibilidad de estar en mejores condiciones para participar de actividades culturales, políticas, económicas. Es, en este sentido, un instrumento indispensable en la construcción de ciudadanía.

O, como lo plantea la UNESCO en su declaración del Decenio de la Alfabetización 2003-2010, se trata de una de las principales “fuentes de libertad”. La educación es un derecho, tal como ha quedado establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, violado en este momento por gran parte de los países del orbe.

Ni falta hace decir que las cifras del analfabetismo en el mundo son pavorosas: uno de cada cinco adultos —de los cuales las dos terceras partes son mujeres— no ha sido alfabetizado y 75 millones de niños no están escolarizados.

¿Qué sucede en nuestro país? Según datos del INEGI, y de acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda 2005, en México 7 de cada 100 hombres y 10 de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir. Como lo acaba de expresar el doctor José Narro, rector de la UNAM, no es posible tener la conciencia tranquila sabiendo que compartimos nuestro lugar y tiempo histórico con alrededor de 6 millones de adultos analfabetas. Los indígenas, las poblaciones migrantes y las mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad son los sectores más afectados.

A pesar de que el artículo tercero constitucional establece como obligación del Estado promover la educación gratuita, orientada a la formación de ciudadanos libres y respetuosos de la diversidad cultural, nuestro sistema educativo presenta gravísimos rezagos. Como todos sabemos, un porcentaje importante del dinero público destinado al sector se va a las tenebrosas arcas del SNTE, y no a fortalecer la educación.

Desde la creación del Departamento de Alfabetización hecha por José Vasconcelos, y cuyo objetivo principal fue la organización y desarrollo de la primera campaña contra el analfabetismo, que entonces afectaba a un 80% de la población adulta, hasta los programas desarrollados por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA, creado en 1981), evidentemente hemos recorrido un largo camino.

El reto actual tiene que ser lograr, al mismo tiempo, abatir el índice de analfabetismo y atender a los millones de analfabetas funcionales, es decir aquellas personas que han adquirido las habilidades básicas para descifrar los signos y “pasar sus ojos por un texto”, pero no han desarrollado la habilidad de interpretarlos; es decir que no comprenden los textos y, por lo mismo, no pueden acercarse a ellos de manera crítica ni analítica, dos elementos fundamentales si de formación de ciudadanía estamos hablando.

Frente a este panorama más bien inquietante y desolador que atenta contra la construcción de una democracia plural, igualitaria y participativa, me gustaría plantear una propuesta que contribuiría a hacer del 2010 un año de verdadera celebración. Por cierto, se trata de una propuesta infinitamente más barata que los 60 millones de dólares que se dice que gastaremos solamente en nuestro festejo del 15 de septiembre.

Analfabetas, marginados, víctimas de una violencia creciente de todo tipo, pero eso sí ¡bien festejadores! ¿A poco no?

¿Qué pasaría si los más de 2.5 millones de estudiantes que cursan alguna licenciatura en instituciones públicas y privadas del país le dedicaran un pequeño porcentaje de las horas que tienen que cumplir de servicio social a la alfabetización y la educación para los adultos? De esta manera, volveríamos a darle su verdadero sentido al servicio social, del que se habla en el artículo quinto constitucional y que parte del principio de que los futuros profesionistas deben ser útiles a la sociedad.

Así, por una parte nuestros estudiantes se sensibilizarían ante las necesidades de los menos favorecidos, a la vez que contribuirían, de manera solidaria y responsable, a abatir uno de los principales rezagos de nuestro país. Bastaría con que le dedicaran a este proyecto menos de la cuarta parte de las 480 horas que tienen la obligación de cumplir, en lugar de ser mano de obra barata (o gratuita) para las empresas públicas y privadas del país.

Estoy segura de que ninguna universidad se opondría a formar parte de una propuesta semejante. De este modo, quienes tenemos el privilegio de haber accedido a la educación superior en un país donde sólo uno de 4 jóvenes puede hacerlo, le devolveríamos a la sociedad algo de lo mucho que hemos recibido.

¿No les parece una manera muy sencilla y a la vez trascendente de celebrar el 2010?

twitter.com/sandralorenzano

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