Opinion

El concepto es de Marcelo Saín, experto argentino, quien nos obsequia una de las más agudas categorías de análisis sobre la inseguridad: “Desgobierno político de la seguridad”. Saín, explica el abandono histórico de los gobiernos civiles respecto a la agenda de la seguridad y su entrega a los uniformados, ya sea policías o militares. Al menos para México, el acierto en el diagnóstico es descomunal y, bien entendido, el concepto explica la incapacidad de evolución de las políticas de seguridad en el país, fenómeno con mayores consecuencias en donde se concentran los mayores factores de riesgo, como en Juárez.

Recientemente, un grupo de funcionarios de Canadá me preguntó en qué podía ayudar ese país al nuestro en torno de la inseguridad. Apoyen en la formación de cuadros civiles expertos en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas de seguridad, modernas y democráticas. Dejen de pensar en la formación de policías y apliquen recursos a la formación de civiles, contesté. Los canadienses están en la frontera del conocimiento y la experiencia en la prevención del delito y la violencia, México, en cambio, está en el más severo rezago, aún gastando grandes cantidades de recursos en modelos tan caducos como el patrullaje policial convencional.

Mientras nuestros gobiernos mandan patrullajes a la calle porque eso les dicen los policías que hagan, o aceptan el patrullaje militar porque eso les dicen los militares que es lo mejor, expertos del mundo acreditan como conocimiento explorado el sin sentido de todo eso. Es el caso de Irvin Waller, criminólogo canadiense, quien sobre la estrategia del gobierno federal mexicano afirma: “No sé de dónde sacaron esa idea de que los patrullajes detienen el crimen, no lo hacen, nunca lo han hecho” (Reforma, 15/02/2010). Pues lo sacaron de los operadores policiales y militares o ex militares que influyen en los tres órdenes de gobierno e imponen su idea de cómo hacerlo y no tienen enfrente a civil alguno que sepa poner en la mesa una propuesta distinta. El Presidente, los gobernadores y alcaldes, todos viven con la versión policial y la militar del problema y su solución. Probablemente los poderes ejecutivos tienen asesores civiles en el ramo, pero el resultado es el mismo porque, en tanto no conocen las metodologías y experiencias modernas y democráticas de la seguridad, terminan funcionando como espacios de convalidación de la visión de los uniformados.

El desgobierno político en México es el veneno que mata la evolución de las políticas de seguridad porque los titulares de los ejecutivos, en lugar de funcionar como conductores del cambio, son nudos que aseguran la caducidad de las ideas y las acciones. Funcionan así por acción, por omisión, con dolo y sin él. El tono azul y verde que imponen la policía y el ejército a la agenda de seguridad, equivale a meter ideas y acciones en una bolsa que se llama “contingencia”. Es decir, como no existen los expertos que saben de qué está hecha una política pública de seguridad moderna y democrática, entonces automáticamente se confunde seguridad con reacción de la policía, con persecución de delincuentes, con despliegue operativo para el control del territorio, con retenes, con patrullaje en convoy y un largo etcétera que identifica seguridad con acciones inmediatas de control. No hay quien explique que la seguridad es una condición de convivencia que se coproduce entre gobierno y gobernados, por medio de intervenciones multiagenciales coherentes y consistentes. Los policías y los militares creen que sólo ellos construyen la seguridad y así lo validan las autoridades electas. Eso es desgobierno político de la seguridad.

El vacío del estamento civil profesional tiene una consecuencia peor. Se trata de la adulteración que se hace en México del concepto de integralidad, mismo que si bien está en la base de las buenas prácticas internacionales en la materia, en nuestro medio se traduce en algo así como “echarle montón”. Lo que hoy nos presentan para Juárez tiene los dos vicios: son ideas ancladas a un paradigma policial caduco y no se sostienen en un plan que, más que sumar en tándem las agencias involucradas, las alinee en un plan coherente y consistente. Hace sólo algunos días, Fernando Gómez Mont declaraba que no conocía alternativa creíble ante la estrategia federal de combate al crimen organizado, posteriormente, el Presidente reconocía que el gobierno federal no ha escuchado. Ahora, ese gobierno suma acciones e instituciones hacia Juárez, pero sin un plan especializado, creíble, innovador y serio. Y la ausencia del plan es en sí misma evidencia irrefutable del vacío de los operadores civiles expertos. Todo, consecuencia del desgobierno político de la seguridad.

Director ejecutivo del Instituto

para la Seguridad y la Democracia, AC