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Editorial EL UNIVERSAL

La transa, el campo, la jauja

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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    15 de febrero de 2010

    Tardaron 15 años los políticos en descubrir que Procampo, el programa más importante de apoyo a la producción agropecuaria y la estrategia estrella para mejorar la productividad en el medio rural, era un fracaso. Unos meses después de haber dado a conocer esta noticia EL UNIVERSAL han constatado que los funcionarios responsables decidieron seguir quebrantando la ley y la ética. Y no se molestan en negarlo. Cínicos, funcionarios, políticos, incluso presuntos delincuentes, permanecen en la lista de beneficiarios.

    Procampo fue creado en 1994 con el objetivo de mejorar la “competitividad interna y externa” entre los campesinos mexicanos ante la apertura de fronteras con Estados Unidos y Canadá. A la postre, todas las evaluaciones demuestran que no sirvió para su propósito y en cambio sí contribuyó a ahondar las diferencias entre los grandes productores y los pequeños.

    Con las últimas modificaciones a las reglas de operación sufridas por este programa, la Secretaría de Agricultura aparentemente quiso cambiar la situación para que los productores que poseen menos de cinco hectáreas, 70% del padrón, obtuvieran mejores apoyos. Hoy este diario corrobora que la mala distribución continúa de manera muy similar.

    ¡Y cómo no, si el responsable de hacer que las injusticias concluyan es uno de los interesados en que el programa siga beneficiando a los productores más ricos! En el colmo del conflicto de intereses, el secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga Castañeda, y también su familia, reciben recursos de Procampo, millones de pesos provenientes de nuestros impuestos.

    ¿Qué dicen de lo anterior las autoridades de Sagarpa? Rodolfo González Muñoz, coordinador general jurídico de la secretaría, arguye: “Mientras el secretario se dedique a una actividad lícita y cumpla con las reglas de operación de los programas, me parece que sería discriminatorio sacarlo”. Con esta afirmación el empleado de Mayorga Castañeda ignora flagrantemente la responsabilidad que pesa sobre sus espaldas: en el artículo sexto de las normas de operación de la Sagarpa se estipula: “Los servidores públicos, bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas”. No hay margen para la interpretación. Cuando Mayorga actúa a la vez como parte del gabinete calderonista y productor beneficiario de Procampo cae en una situación irregular.

    Estamos ante un enorme cinismo, una negligencia que tiene toda la facha de corrupción y un gobierno federal que parece encantado con dejar las cosas como están. La Secretaría de la Función Pública, obligada por ley a perseguir irregularidades como las arriba descritas, ha hecho caso omiso a todas las evidencias. ¿Si esto sucede cuando las anomalías son expuestas y comprobadas ante la opinión pública, qué esperanza tenemos los ciudadanos de que el resto del gasto federal se ejerza eficaz y honradamente? Y luego se enojan cuando la gente dice un no rotundo a la hora de pagar sus impuestos.

     

     



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