Opinion

Hace algunos años escuché a una defensora que preguntaba: “¿Quién defiende a las y los defensores de derechos humanos?”. Hoy, ante un panorama de violencia generalizada en nuestro país, viene a cuenta esta misma interrogante.

Los sistemáticos abusos y actos de hostigamiento en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en México ha sido una preocupación reiterada de organizaciones dedicadas a estas mismas labores.

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México publicó hace unos meses un informe que ratifica esta preocupación que ha rebasado las fronteras nacionales para ser objeto de análisis por parte de distintas organizaciones internacionales.

La preocupación tiene fundamento. Después de un cierre del año 2009 marcado por las evidentes violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército, se abre el 2010 con la lamentable noticia del asesinato de Josefina Reyes, activista juarense que justamente había denunciado públicamente estos abusos.

El 3 de enero, un grupo armado intentó secuestrar a Josefina en el municipio de Guadalupe, al este de Ciudad Juárez. Un testigo declaró que durante el intento de secuestro, Josefina se defendió y los hombres, aparentemente, le dijeron “te crees muy chingona porque estás con las organizaciones” y después le dispararon.

Este infame asesinato genera ahora una fuerte preocupación por la seguridad de Cipriana Jurado, defensora de derechos humanos que de igual forma ha denunciado abusos cometidos por integrantes del Ejército.

Estos hechos vuelven a poner sobre la mesa un tema sensible para la realidad en materia de derechos humanos: la incapacidad que el Estado mexicano ha demostrado para proteger a quienes defienden la dignidad humana en México y denuncian la comisión de abusos.

Si bien el norte del país es emblemático en este sentido, no es la única región. El caso de Guerrero es notorio y lamentable. La Organización del Pueblo Indígena Me Pháa (OPIM), también defensora de derechos humanos, ha sufrido actos persistentes de hostigamiento desde hace años y aún con el otorgamiento de medidas provisionales a favor de algunos de sus integrantes por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades guerrerenses no han logrado crear un clima de seguridad para sus labores.

Una muestra de los obstáculos que la OPIM ha enfrentado para sostener sus labores, es el encarcelamiento por ya más de un año y medio de Raúl Hernández, activista de esta organización, en el penal de Ayutla de los Libres. Raúl fue detenido junto con otros cuatro compañeros de la OPIM acusados de un asesinato que nunca cometieron. Amnistía Internacional los declaró prisioneros de conciencia al considerar que el único motivo por el que se encontraban detenidos era su legítima labor de defensa de los derechos humanos. Afortunadamente cuatro de los cinco activistas han sido liberados, sin embargo, el prolongado encarcelamiento de Raúl es una asignatura pendiente de las autoridades del estado de Guerrero.

Este espacio no sería suficiente para nombrar a quienes por la defensa de la dignidad humana han padecido cárcel, tortura, desaparición e incluso la privación de su vida: Raúl Lucas Lucía, Manuel Ponce Rosas, Lorenzo Fernández Ortega, Inés Fernández Ortega, Obtilia Eugenio Manuel, Manuel Cruz, Natalio Ortega, Romualdo Santiago, y un largo y lamentable etcétera.

Detrás de estos casos no está solamente el deber incumplido del Estado de garantizar protección, acceso a la justicia y reparación de daño, sino la importancia de valorar las acciones de estas y estos defensores que promueven modelos más justos y equitativos de convivencia.

Contar con garantías para defender los derechos humanos es un derecho humano. En la medida que las autoridades no asuman su obligación de prevenir y sancionar este tipo de conductas, estarán enviando un mensaje equivocado en el sentido de que dichas responsabilidades no forman parte central de su agenda en el contexto de una política de seguridad pública que ha incrementado denuncias por la comisión de abusos.

Retomando la pregunta inicial, vino a mi mente una sola respuesta: la sociedad movilizada es quien defiende a las y los defensores. Hoy la pregunta se actualiza: ¿cómo reconocemos que al defender a las y los defensores de derechos humanos la sociedad se defiende a sí misma?

Director ejecutivo de Amnistía Internacional en México